La decisión judicial que permitió la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos generó todo tipo de reacciones en los sectores políticos y sociales de Colombia.
Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro que, por medio de su cuenta de X, celebró que el exfuncionario, acusado por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), pudiera defenderse fuera de prisión.
“Toda una justicia llega a su final. Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla que se podrá defender en libertad”, escribió el mandatario nacional en las redes sociales.
Tras esas declaraciones, surgieron críticas de diversos sectores por presentar la medida como una “victoria”, cuando la terminación del plazo procesal no exculpa ni implica una declaración de inocencia. El proceso judicial en curso contra Bonilla se refiere a cargos de corrupción, lo que, según los detractores, impide otorgarle la condición de “preso político”.
Incluso, varios usuarios recordaron un mensaje divulgado por el entonces senador Gustavo Bolívar, en el que rechazaba la celebración de libertades obtenidas por motivos procesales.
“Celebrar un triunfo judicial por vencimiento de términos es como ganar un partido de fútbol porque el equipo contrario no vino. A ver… no se puede ser más mediocre. Celebren cuando el mérito haya sido convencer al juez o a la Corte de la inocencia del defendido”, señaló el exdirector de Prosperidad Social en una publicación realizada el 14 de octubre de 2021.
Es importante recordar que, para la fecha de publicación, Bolívar había criticado que Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, había obtenido dicho beneficio mientras avanzaba su investigación por cargos relacionados con manipulación de testigos.
¿Por qué Ricardo Bonilla fue dejado en libertad?
La decisión fue emitida el martes 7 de abril por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, tras constatar que la Fiscalía General de la Nación no presentó el escrito de acusación en el lapso legal establecido.
Según la normatividad, la Fiscalía cuenta con un plazo de 120 días, contados desde la fecha de la formulación de la imputación, para radicar el escrito de acusación. Ese periodo expiró el 31 de marzo de 2026.
Según relató la magistrada en la audiencia del 7 de abril, la acusación contra Bonilla recién fue presentada a las 11:09 de la mañana, cuando ya había iniciado la sesión y la defensa estaba cerrando su intervención.
“Este despacho, despacho 10 del Tribunal Superior de Bogotá, considera que, en efecto, está fundado el presupuesto objetivo invocado por la defensa para solicitar la libertad por vencimiento de términos del ciudadano procesado, esto es el señor Ricardo Bonilla González”, indicó la magistrada en la audiencia que se llevó a cabo el 7 de abril de 2026.
La sentencia no es definitiva. Tanto la Fiscalía como las partes civiles involucradas en el proceso –incluyendo a los apoderados de víctimas, el delegado de la Contraloría General de la República y el representante del Instituto Nacional de Vías (Invías)– interpusieron recursos de apelación. Sólo el delegado del Ministerio Público manifestó su acuerdo con la decisión y desistió de presentar cualquier recurso.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, enfrenta una investigación por su presunta vinculación a sobornos a congresistas a través de una estructura de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La pesquisa se centra en el supuesto direccionamiento de tres contratos por un monto total de $92.000 millones en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, adjudicados con el fin de obtener votos favorables para proyectos promovidos por el Gobierno.
En el caso, la Fiscalía y la Corte Suprema disponen de testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como de mensajes de WhatsApp que vincularían a Bonilla y a su exasesora María Alejandra Benavides con la coordinación de estos pagos.
La investigación involucra el análisis de encuentros sostenidos en la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, identificados como el “Cónclave”, donde se habría negociado el intercambio de contratos por apoyo legislativo.
Se busca establecer si estos contratos buscaban favorecer a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público para asegurar el respaldo a iniciativas como la ampliación del cupo de endeudamiento.
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