Miles de colombianos residentes legales en Estados Unidos enfrentarán la pérdida de su acceso a servicios de salud financiados por el gobierno federal, como Medicare y Medicaid, tras la aprobación de una nueva legislación impulsada por el presidente Donald Trump.
El impacto ya tiene rostro. Marta Rosero lleva más de 20 años viviendo en ese país, a donde emigró desde Antioquia huyendo de la violencia. Aunque inició un proceso de asilo que aún no se resuelve, ha permanecido legalmente, con permiso de trabajo, pagando impuestos y trabajando como profesora en una escuela local.
De acuerdo con una entrevista concedida al medio El Tiempo, su plan era jubilarse en aproximadamente dos años, al cumplir los 65, y acceder a Medicare tras décadas de aportes.
Sin embargo, la aprobación de la ley conocida como “Big Beautiful Bill” cambió por completo ese panorama. La reforma redefine los criterios de acceso a los principales programas de salud federales y excluye a inmigrantes legales que no cuentan con residencia permanente, incluso si han contribuido al sistema durante años.
“Es muy injusto. Trabajé y contribuí al sistema de seguridad social por más de dos décadas. No estoy pidiendo que me regalen nada, pero sí que reconozcan mis aportes”, afirmó Rosero, quien ahora vive en incertidumbre ante la posibilidad de quedarse sin cobertura médica.
La normativa comenzará a aplicarse en octubre de 2026 y contempla la salida definitiva de beneficiarios que no cumplan con los nuevos requisitos a más tardar el 4 de enero de 2027. Además de Medicare, también restringe el acceso a Medicaid y a subsidios de seguros de salud.
El caso de Rosero refleja el de miles de colombianos que construyeron su vida laboral en Estados Unidos y que ahora, en edad cercana a la jubilación, enfrentan la pérdida de beneficios clave. Muchos de ellos tienen estatus legal, permisos de trabajo vigentes y años de aportes al sistema, pero no cuentan con residencia permanente.
la reforma se ha convertido en una pieza central de la estrategia política republicana de cara a las elecciones de medio término. El exvicepresidente Mike Pence, a través de su organización Advancing American Freedom, lanzó una ofensiva para promover los alcances del paquete legislativo, que incluye más de 20 reuniones con congresistas en el Capitolio para consolidar apoyos.
El llamado One Big Beautiful Bill Act, firmado en 2025, no solo introduce cambios en el sistema de salud, sino que forma parte de un paquete más amplio de reformas fiscales y de gasto público.
Según sus promotores, la iniciativa busca reducir el tamaño del Estado y evitar que los beneficios sociales funcionen como incentivo para la migración. En total, contempla recortes fiscales por cerca de 800.000 millones de dólares entre 2025 y 2030.
Sin embargo, el costo humano de la medida ha generado críticas. La ley afecta a categorías como refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas de trata, todos con presencia legal en el país. Muchos de ellos, como Rosero, han contribuido durante décadas al sistema de seguridad social.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, solo las restricciones a Medicare generarán ahorros por unos 5.100 millones de dólares hacia 2034.
No obstante, expertos advierten que excluir a estos grupos podría tener efectos contraproducentes, como un aumento en la atención de urgencias y mayores costos a largo plazo para el sistema de salud.
“El Congreso está revocando por primera vez el acceso a Medicare a un grupo específico”, advirtió Drishti Pillai, de la organización KFF, al señalar que la medida impacta a inmigrantes legales que han trabajado y aportado durante años.
De acuerdo con Fox News, a nivel estatal, las alternativas también son limitadas. En California, donde reside un alto número de migrantes, los programas locales han frenado su expansión por restricciones presupuestarias. Situaciones similares se presentan en otros estados, lo que deja a miles de personas en un limbo sanitario.
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