Joven detenido en el aeropuerto El Dorado por narcotráfico se mató con el arma de un policía: juez ordenó indemnización a la familia de Raúl Higuera Martínez

La justicia en Colombia ordenó una indemnización a la familia de un hombre que murió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras un episodio bajo custodia policial.

El caso, sucedido en 2021 y resuelto cinco años después, expone deficiencias estatales en la protección de detenidos y el manejo de armas por parte de la policía.

El Estado colombiano debe pagar la indemnización porque durante la detención de Raúl Higuera Martínez, quien fue arrestado en el aeropuerto El Dorado por supuestamente transportar drogas, no se protegió su vida mientras estaba bajo custodia.

Según el fallo, el acceso del detenido a un arma oficial y la omisión de protocolos de seguridad llevaron a la condena por “falla en el servicio” contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, obligando al Estado a compensar a la familia.

La reconstrucción de los hechos, aportada por Noticias Caracol, inicia el 11 de abril de 2021, cuando Raúl Higuera Martínez, de veintinueve años, fue capturado en el aeropuerto El Dorado por presunto tráfico de drogas con destino a México. “Fue llevado a la estación de policía del aeropuerto y allí, dentro de una instalación policial y con un arma de dotación oficial, perdió la vida”, reportó Noticias Caracol.

Según los registros policiales, en la dependencia, Higuera Martínez habría despojado a un agente de su arma.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que tomó el arma y amenazó a los uniformados. El coronel Jorge Pinzón explicó a al medio televisivo: “Toma un arma de dotación oficial e intimida a los policías, provocando la reacción por parte de uno de los uniformados. Asimismo, se maneja una hipótesis donde esta persona se autolesiona”.

El dictamen de Medicina Legal estableció que la herida de bala se produjo a una distancia de entre cinco y treinta centímetros. El proceso penal por narcotráfico quedó archivado tras su muerte.

Sobre este aspecto, el abogado de la familia, Fabián Villalobos, dijo: “La ley penal prohíbe investigar a un fallecido. Cuando una persona fallece, el proceso penal en su contra se archiva. Nunca hubo un pronunciamiento de las autoridades acerca de si esos elementos le pertenecían”.

Debate judicial sobre causa de muerte y responsabilidad estatal

Existen testimonios que señalan que un policía pudo haber disparado y otros que fue un suicidio, pero la justicia no determinó de forma definitiva la causa de la muerte. “Ninguna autoridad judicial o técnica administrativa ha determinado si la muerte fue un homicidio o un suicidio. El proceso penal por la muerte de la víctima sigue en la fiscalía y no ha avanzado en cinco años”, afirmó Villalobos a Noticias Caracol.

El abogado aseguró que el fallo judicial establece: “El juez dice que no importa si la causa de la muerte fue homicidio o suicidio. Lo importante es que, estando bajo la custodia del Estado y con la violación a los protocolos al manejo de armas de fuego, se causó la muerte de un civil”.

Argumentos legales para la indemnización

La sentencia se basó en el concepto de falla en el servicio. “Cualquier persona que esté bajo custodia del Estado, en este caso en calidad de capturado, se le deben garantizar la integridad personal y la vida. Villalobos manifestó que no se garantizó la integridad personal, la seguridad ni la vida de Nidia.

El abogado resaltó que el acceso de Higuera Martínez a un arma fue decisivo: “El capturado tuvo acceso a un arma de fuego que estaba mal custodiada por parte de la policía en un escritorio”.

Así, el fallo responsabilizó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por permitir el acceso del detenido al arma, una infracción a los protocolos que dio como resultado la decisión de indemnizar a los familiares del fallecido.

El proceso judicial se extendió durante cinco años. Durante ese período, la familia de Higuera Martínez enfrentó la falta de claridad sobre la muerte y la prolongación del caso.

Finalmente, el Juzgado 66 del circuito de Bogotá ordenó al Estado pagar más de $350 millones a los allegados de la víctima, según informó Noticias Caracol.