
La Gobernación de Santander, desde el 7 de abril de 2026, puso en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear las protestas contra el aumento del impuesto predial en el departamento.
Según información oficial, la medida incluye coordinación entre alcaldías, la fuerza pública y líderes de las manifestaciones, cuyo objetivo es prevenir bloqueos y garantizar la movilidad durante la jornada del 9 de abril de 2026.
El origen de las protestas está en el descontento generado por el incremento del impuesto predial, resultado de la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

De acuerdo con las autoridades, algunos contribuyentes vieron duplicados los cobros, lo que ha generado malestar en diferentes municipios del departamento y en el área metropolitana de Bucaramanga.
Las protestas surgieron después de que propietarios manifestaron ante las autoridades que los nuevos avalúos no reflejan las condiciones económicas de los habitantes. El proceso de actualización catastral, según explicó el IGAC, implica la revisión y ajuste del valor de los predios de acuerdo con características físicas, ubicación y precios de mercado, lo que repercute en el cálculo del impuesto predial.
Desde la Administración departamental, encabezada por el secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández, se informó que se adelantan acciones de articulación institucional y reuniones con los convocantes de las protestas. Hernández declaró que se han realizado encuentros para ofrecer garantías y buscar mecanismos de diálogo que permitan el desarrollo pacífico de la jornada.
“Durante la reunión de seguridad gubernamental desarrollada por la Secretaría del Interior, se evaluaron puntos críticos del departamento y se articularon capacidades institucionales para garantizar la seguridad de los santandereanos”, se leyó en el reporte oficial.
Entre los puntos bajo vigilancia permanente se encuentran el sector de la autopista a la altura del parador “Papi, Quiero Piña” en Floridablanca, así como los municipios de Lebrija y la ruta comunera entre San Gil y Socorro. Las autoridades señalaron que en estos lugares podrían presentarse concentraciones o bloqueos viales.

Unidades de la fuerza pública y los organismos de tránsito acompañarán las manifestaciones para evitar cierres de vías, además de habilitar canales de diálogo con los manifestantes. El seguimiento en tiempo real desde el PMU permitirá tomar decisiones rápidas ante cualquier afectación a la movilidad o el orden público.
“Además, se mantiene seguimiento a municipios priorizados y a la situación ambiental en la Ciénaga de Paredes, con acciones coordinadas para proteger comunidades y ecosistemas”.
Algunas de las denuncias
De acuerdo con Jackeline Martínez, veedora del municipio, la actualización realizada en 2024 ha sido la de mayor impacto en los últimos años, ya que superó ajustes anteriores y puso en duda la transparencia y los criterios técnicos de la medición catastral, según manifestó en entrevista con Alerta Bucaramanga.
Las escalas de aumento se evidenciaron, por ejemplo, con el caso personal de Martínez, que reveló que el avalúo catastral de su vivienda aumentó de 185 millones de pesos en 2024 a más de 1.100 millones en 2025.

Esta variación multiplicó el valor del impuesto predial anual, que pasó de cerca de 2 millones de pesos a montos superiores a los 14 millones. Martínez, incluso, agregó que se han documentado incrementos en avalúos que alcanzan el 400%, 700% y hasta 900% en algunos casos individuales.
La actualización catastral de 2024 se suma a una serie de antecedentes en la historia fiscal de Floridablanca: Martínez recordó que en 2014 un alza similar se registró en la zona urbana, y en 2018 el ajuste impactó especialmente al sector rural. No obstante, las cifras actuales superan los precedentes y han desencadenado una oleada de protestas y exigencias de revisión al proceso de actualización.
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