Reinaldo Campos, gobernador del resguardo indígena Macarieros del pueblo Makaguan en Tame (Arauca) y directivo de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales (Asocata), fue asesinado, según confirmó la Defensoría del Pueblo. La entidad lamentó el hecho y alertó sobre las consecuencias para los derechos colectivos y la autonomía de las comunidades indígenas en el departamento.
La Defensoría calificó la muerte de Campos como un daño irreparable para los procesos de liderazgo y los derechos de los pueblos étnicos de la región. A través de su cuenta oficial de X, la institución declaró: “Fue asesinado Reinaldo Campos, gobernador del resguardo indígena Macarieros del pueblo Makaguan en Tame y directivo de Asocata. Este hecho causa un daño irreparable al proceso que representaba con su liderazgo, así como a los derechos colectivos de los pueblos étnicos”.
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La entidad exigió a las autoridades una investigación “pronta, eficaz y con resultados”, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables. Además, solicitó la adopción de medidas urgentes de protección para las comunidades indígenas en Arauca, ante los riesgos que enfrentan sus líderes y habitantes.
En su comunicado, la Defensoría reiteró que “la vida y la defensa del territorio deben ser garantías, no riesgos”, haciendo un llamado al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación para que adopten acciones concretas que protejan a las comunidades vulnerables en la región.
Panorama de violencia contra líderes sociales
La Defensoría del Pueblo reportó que, durante los dos primeros meses de 2026, se han registrado al menos 26 asesinatos de líderes sociales en Colombia. Este balance corresponde a uno de los primeros cortes del año y refleja que los hechos de violencia contra liderazgos sociales persisten en distintas regiones del país.
En 2025, según reportes de la Defensoría, entre enero y mayo se contabilizaron 81 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales. Hacia mitad de año, la cifra ascendió a 89 casos. Estos datos, divulgados por la entidad, muestran la continuidad de la violencia y el nivel de riesgo para quienes ejercen funciones de liderazgo social y comunitario.
Contexto judicial y antecedentes en Arauca
En el mismo departamento de Arauca, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dictó sentencia contra once exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC-EP, tras comprobar su responsabilidad en delitos cometidos en tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores en 1998.
La decisión judicial, emitida más de dos décadas después de los hechos y en el contexto de la justicia transicional, encontró pruebas sobre su participación en al menos 165 delitos, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento ilícito de menores y violencia sexual.
Entre los sentenciados se encuentran Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa (alias Cochebomba), Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez (alias Fuego Verde), Berny Derley Ordoñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez. Todos deberán cumplir penas de hasta 480 meses de prisión y pagar una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales vigentes.
Entre los hechos analizados se encuentra la toma de Mitú en octubre de 1998, donde aproximadamente 1.500 integrantes del Bloque Oriental participaron en el ataque a la estación de Policía, lo que resultó en víctimas mortales y múltiples secuestros de miembros de la Fuerza Pública.
También se documentó la incursión armada en Miraflores, donde fueron atacadas instalaciones oficiales y se produjo la retención de más de un centenar de uniformados. Además, el fallo incluyó el caso de una menor de 11 años reclutada forzosamente, sometida a violencia sexual y obligada a abortar durante su permanencia en la organización.
Las acciones del grupo armado tuvieron impacto en varios departamentos, incluyendo Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y Amazonas, lo que revela la magnitud de las operaciones.
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