Isabel Zuleta se fue en contra del gobernador de Antioquia por críticas al levantamiento de órdenes de captura a jefes de bandas en Medellín: “Le han dicho mentiras al país”

Continúa la controversia por la suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de organizaciones criminales identificados por el Gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) de Medellín y el Valle de Aburrá.

La decisión fue efectuada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo que generó diferentes reacciones en el país, tanto a favor como en contra.

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Ante la polémica, la senadora Isabel Zuleta, una de las delegadas del Gobierno Nacional en el proceso de Paz Urbana en el departamento de Antioquia, explicó los alcances de la orden emitida por el ente acusatorio.

La congresista del Pacto Histórico, en diálogo con Caracol Radio W, que esta medida no implica excarcelar a quienes están presos ni otorgar impunidad, sino ofrecer garantías jurídicas para quienes ya están en libertad y quieren participar en los diálogos de paz.

Además, denunció que parte de la polémica por esta medida obedece a los cuestionamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre lo que ella considera como ataques al proceso.

“Yo creo que no hay dudas, hay animadversión, y no solo del señor gobernador, sino de algunos medios de comunicación que han dicho mentiras al país (...) el levantamiento de órdenes de captura no implica que se excarcele a nadie. Es una medida de seguridad jurídica para quienes ya están en libertad puedan participar de los diálogos”, indicó Zuleta al citado medio de comunicación.

Incluso, detalló que, desde el equipo del Gobierno en la mesa de diálogo, “tenemos conocimiento de la presión que ejercen ciertos fiscales, amigos del gobernador de Antioquia, amigos de Federico Gutiérrez (alcalde de Medellín), sobre este proceso”, por lo que sostuvo que el documento busca brindar garantías para dar continuidad a la mesa.

También, enfatizó en que el espacio socio jurídico está amparado por la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total), la cual permite negociaciones con estructuras del crimen organizado con fines de justicia y desmantelamiento, y que esta ley fue avalada por la Corte Constitucional.

“En este momento estamos entrando en una tercera fase, que se llama de irreversibilidad, y para esta tercera fase ha habido siete de ellos de los voceros, que han sido reconocidos por el presidente Gustavo Petro, que están en libertad. No es que se les dé la libertad con esta resolución. Nosotros no le estamos dando la libertad a nadie”, aclaró.

Denuncia contra el Gobernador de Antioquia

Ante las declaraciones de los dirigentes políticos de Antioquia sobre su papel en el proceso de paz, Zuleta anunció acciones legales por injuria y calumnia.

“Si tiene pruebas de que yo camino de la mano o aliada de los criminales, que las presente ante los órganos de justicia de nuestro país. Nosotros lo que vemos aquí es una falta de respeto con las instituciones. El señor gobernador, si tiene pruebas de su afirmación, las va a tener que llevar a la justicia (...) aquí parece un delito respetar la Constitución Política”, denunció.

De igual forma, señaló que está siendo perseguida por ambos mandatarios por su labor en la mesa de diálogos con las organizaciones criminales de la región.

“Es un hecho de garantía para participar en la paz, porque hay persecución, porque hay estigmatización del proceso de paz. Esto no hubiese sido necesario sin lo que ustedes vieron ayer y lo que amplificaron ayer. Esto no hubiese sido necesario, esta medida, si ellos estuvieran tranquilos para aportarle a la paz. Pero no, no lo están, no lo estoy yo. Yo estoy siendo perseguida por el señor Federico Gutiérrez y por el señor gobernador de Antioquia. Yo misma estoy siendo perseguida”, afirmó.

Por último, señaló que la resolución conocida por la opinión pública fue filtrada sin tener la autorización previa de la Fiscalía, por lo que acusó al gobernador Rendón de tener aliados en el ente acusatorio.

“El problema es que tenemos una filtración en la Fiscalía. Hay que preguntarle al señor gobernador cómo y quién le filtró una resolución que no ha sido notificada de manera oficial y por qué los medios de comunicación amplificaron esa resolución. La confusión la generó el señor gobernador con ánima adversión, con fines políticos y participación en política”, puntualizó.