Empresario denuncia a la SAE: entidad habría ordenado desalojo arbitrario en predio arrendado al que le invirtió más de $170 millones

La labor de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incluye administrar y proteger los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado que están en proceso de extinción de dominio. Su función principal es darles un uso productivo y social, transfiriendo tierras y activos para la reparación de víctimas y la reforma agraria.

Además de entregar predios a comunidades y vender inmuebles a terceros, la SAE también arrienda algunas propiedades en las que hay proyectos que cumplan con la ley.

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Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el empresario Osvaldy Ruiz Duque pide que la entidad no le haga perder más de 170 millones de pesos que ha invertido en una propiedad que él tiene en arriendo desde hace varios años y que recientemente fue intervenida por las autoridades.

Se trata de un lote de 3.600 metros cuadrados en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el que Ruiz tiene tres líneas de negocio en una alianza junto a cinco empresas que suman 30 familias en total.

A pesar de las solicitudes que ha presentado para poder seguir siendo el arrendatario del predio, asegura que la SAE le ha negado esta oportunidad y le exige dejar el lugar en 13 días sin poder retirar nada de las adecuaciones por las que pagó.

En 2018 fundó la empresa Motorblue, dedicada al tratamiento de aguas residuales automotrices; en 2020 comenzó con el contrato de arrendamiento en el predio de San Antonio de Prado. El contrato de arrendamiento, formalizado ante notaría, fue celebrado con quien se presentó como titular legítimo del bien.

Durante la diligencia, funcionarios de la SAE informaron a Ruiz que su calidad de arrendatario estaba reconocida y que podría continuar usando el predio. Posteriormente, la empresa envió la solicitud formal de legalización de su estadía, entregando la documentación exigida. Según relata Ruiz, la SAE mantuvo silencio administrativo por cerca de seis meses, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

En octubre de 2025, la Sociedad de Activos Especiales notificó la aceptación de la documentación y presentó una propuesta contractual. Ruiz afirma que el contrato ofrecía condiciones desventajosas, pues no garantizaba la permanencia en el lote aun efectuando y permitía a la SAE rescindir el acuerdo en cualquier momento.

Ante esta situación, la empresa interpuso una reclamación solicitando claridad y el reconocimiento de las mejoras realizadas en el terreno.

La respuesta incluyó el envío de funcionarios para inspeccionar las adecuaciones, pero poco después la SAE incrementó el canon de arrendamiento, sumando el valor de las mejoras útiles y necesarias hechas por la empresa, según la denuncia conocida por este medio. Ruiz indica que esta decisión implicó que la entidad estatal reclamó como propias las adecuaciones efectuadas y cobró arriendo sobre ellas.

La empresa emprendió acciones legales, presentando una demanda que actualmente tramita en un juzgado de Bogotá. El traslado del caso desde Medellín se debió a la jurisdicción de la sede central de la SAE y la ubicación de la contraparte en Cali. Este proceso judicial, aún sin respuesta definitiva, ha retrasado la notificación formal a la entidad estatal, aunque Ruiz asegura que la Sociedad de Activos Especiales ya está informada de la existencia de la demanda.

Ante el escenario de incertidumbre y la posibilidad de un desalojo inminente, han comenzado con el retiro progresivo de su operación empresarial. Ruiz sostiene que la SAE solicitó nuevamente documentos para legalizar la estadía, pero días después notificó una orden de desalojo inmediata. La notificación fue entregada antes de Semana Santa, lo que dificultó cualquier intento de interlocución institucional, ya que tanto la SAE como los juzgados suspendieron sus actividades durante ese periodo.

La orden establece el retiro total de personas, bienes y animales en un plazo de trece días. El empresario señala que, además del impacto sobre la actividad productiva, la propiedad funciona como su residencia, donde habitan animales de compañía y corral. Según Ruiz, la medida afecta a las familias vinculadas económicamente a la empresa, que carecen de alternativas inmediatas para su reubicación.

Ruiz también relató que la situación ha tenido repercusiones en su salud, tras sufrir una crisis de ansiedad que requirió atención médica e incapacidad laboral. Explica que, en medio de la imposibilidad de diálogo con la SAE y la inminencia del desalojo, busca visibilizar su caso y exponer la falta de mecanismos de defensa ante decisiones administrativas que considera desproporcionadas.

El empresario concluyó al indicar que su único objetivo es obtener un plazo razonable para el retiro de la empresa y la entrega adecuada del predio, sin perjuicio de las condiciones en que este fue recibido y de las mejoras realizadas por Motorblue durante su ocupación.

“Ante nuestra solicitud de un contrato justo y que nos garantice continuar las operaciones, ellos emiten orden de desalojo sin dar ninguna garantía ni derecho a la defensa; es más, sin poder contradecir, porque ellos salieron a vacaciones y no hay con quién hablar”, puntualizó.