La Contraloría de Bogotá inició procesos de responsabilidad fiscal por más de $1.439 millones en contratos de malla vial en Puente Aranda, según información obtenida por Revista Semana, tras auditorías recientes.
Las irregularidades detectadas estarían relacionadas con modificaciones en costos sin suficiente justificación técnica, lo que habría generado posibles sobrecostos en la ejecución de obras.
El caso abrió nuevas revisiones sobre el manejo de recursos públicos en proyectos de infraestructura clave para la movilidad en la capital.
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Hallazgos que motivaron la intervención
La Contraloría de Bogotá puso en marcha procesos de responsabilidad fiscal tras identificar presuntas irregularidades en contratos de malla vial financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.
El anuncio fue realizado durante una jornada de control social en la localidad por el contralor Juan Camilo Zuluaga, quien confirmó que además se adelantará una Actuación Especial de Fiscalización (AEF) sobre un contrato ya liquidado, correspondiente a obras en la zona industrial del sector.
Esta actuación busca revisar de manera puntual aspectos críticos del contrato, especialmente aquellos relacionados con posibles sobrecostos y decisiones administrativas que pudieron afectar los recursos públicos.
La AEF es un mecanismo de auditoría que permite una intervención rápida frente a situaciones específicas, sin necesidad de revisar la totalidad del proyecto, lo que facilita identificar problemas concretos como retrasos, fallas en la ejecución o inconsistencias financieras.
Durante este proceso, la entidad realiza visitas a las obras, análisis técnico y revisión documental para establecer si hubo irregularidades en la gestión de los recursos, y en caso de encontrar hallazgos, estos son trasladados a las instancias correspondientes.
Posible detrimento patrimonial y proceso fiscal
De acuerdo con el informe de Auditoría Financiera de Gestión y Resultados correspondiente a 2025, la Contraloría identificó un hallazgo con incidencia fiscal por más de $1.278 millones relacionado con el contrato de obra pública No. 263 de 2022.
El principal problema detectado fue la modificación de los precios unitarios inicialmente pactados durante la ejecución del contrato, lo que derivó en el reconocimiento y pago de valores superiores a los previstos.
Según el análisis del ente de control, estos ajustes no contaban con una justificación técnica, económica ni contractual suficiente, lo que implicaría una vulneración al principio de economía en el gasto público.
Como consecuencia, el mayor valor pagado fue considerado como un posible detrimento patrimonial, razón por la cual el caso fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para que se adelante el proceso correspondiente.
Adicionalmente, la Contraloría aclaró que, una vez iniciado el proceso, los detalles específicos quedan sujetos a reserva conforme a la normativa vigente, hasta que se adopten decisiones de fondo por parte de las autoridades competentes.
En paralelo, el seguimiento a estos contratos se mantiene activo, en un contexto en el que las obras de malla vial son clave para la movilidad en Bogotá, especialmente en sectores industriales como Puente Aranda.
El avance de las investigaciones será determinante para establecer responsabilidades y definir si existieron irregularidades en el manejo de los recursos destinados a mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
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