Sandra Ramírez se defendió de señalamientos por su llegada a comisión de Derechos Humanos del Senado: “Todo un escándalo”

La designación de la congresista Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, en una escogencia que quedó en firme durante la jornada del 25 de marzo de 2026, continúa causando polarización en las redes sociales, en relación con la legitimidad de los exguerrilleros de las extintas Farc en altas responsabilidades legislativas.

Esta decisión, adoptada por votación unánime de los miembros de la comisión, justo en la recta final de su presencia en el Legislativo, desató un enfrentamiento político en torno al derecho de los que firmaron el Acuerdo de Paz a ejercer mandatos enfocados en las garantías fundamentales, y obligó a la protagonista a referirse a estas críticas, de las cuales se defendió con un enérgico pronunciamiento.

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“Todo un escándalo se ha armado en torno a mi elección como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Una elección que, como senadora, tengo todo el derecho. De una salieron Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y un resto de personas, de la derecha y algunos medios instrumentalizando a las víctimas", expresó Ramírez, a la que le quedan tres meses de gestión.

Y es que ante las críticas sobre su autoridad moral, la congresista defendió su derecho al puesto con fundamento en el proceso de paz. “Esta elección obedece a mi participación política aquí en el Congreso de la República, un derecho adquirido por la firma del acuerdo de paz”, agregó Ramírez, que fue compañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y que se desmovilizó en 2017.

Sandra Ramírez y su llegada a la comisión de DD. HH. del Senado, en medio de críticas a su partido

El ascenso de la senadora ocurre en un momento determinante para su partido, Comunes, que se quedó sin personería jurídica para la próxima legislatura. En las elecciones del 8 de marzo, no alcanzó el umbral electoral para sostener su representación en el Congreso, lo que convirtió este cargo en uno de los últimos de alto perfil para una expartidaria de las Farc antes de perder su curul en el Congreso.

Cabe destacar que la controversia se agudizó con la reacción de figuras opositoras y organizaciones de víctimas. La senadora Cabal, exprecandidata presidencial del Centro Democrático, criticó el nombramiento y lo consideró una provocación para las víctimas del conflicto armado. Sobre todo cuando se conocieron contundentes datos que relacionarían a exmiembros de las Farc en reclutamiento infantil.

“Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla“, escribió en redes sociales la congresista vallecaucana, que expresó la postura de los que rechazan que exintegrantes de organizaciones responsables de crímenes graves ejerzan representación en temas de derechos humanos, como sería el caso de la senadora Ramírez.

Y es que, según el proceso que tiene a su cargo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras la firma del Acuerdo de Paz, las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia llevaron a cabo el reclutamiento de al menos 18.677 niños por parte de la guerrilla, en una cifra que aumentó la controversia por la presencia de exintegrantes en ámbitos decisivos sobre derechos humanos.

Así defendió la comisión de DD. HH. la elección de Sandra Ramírez

Tras la oficialización del cargo de Ramírez en el Senado, la célula legislativa destacó el mensaje que busca orientar la agenda legislativa. “Estamos seguros de que la gestión que se adelantará desde la mesa directiva, conformada por el senador Carlos Motoa y la senadora Sandra Ramírez, representará avances significativos en la construcción de la unidad y la reconciliación que el país necesita“, dijo.

Esta designación, respaldada de modo unánime por la comisión, supone un reconocimiento a su condición de firmante del Acuerdo de Paz de 2016, pero también, reactivó los duros cuestionamientos de sectores que rechazan la presencia de exguerrilleros en órganos estratégicos del Congreso; pese a que la legisladora ya había sido una de las vicepresidentas de la corporación, durante la vigencia 2020.