La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, por hechos relacionados con su gestión como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en el marco de presuntas fallas en el control y seguimiento de la hidroeléctrica Urrá I.
La decisión se fundamenta en un informe que documenta posibles irregularidades en la operación del embalse y en la actuación de distintas entidades encargadas de su vigilancia.
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De acuerdo con el órgano de control, la actuación se origina en los resultados de una función preventiva adelantada frente a la emergencia por inundaciones registrada en febrero de 2026 en la cuenca del río Sinú. Según el informe, “la emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú durante febrero de 2026 no puede considerarse un evento puramente natural e imprevisible”, sino que correspondería a la materialización de un riesgo previamente identificado.
Hallazgos sobre la operación de Urrá I
El documento señala que la contingencia habría estado asociada a una presunta operación negligente por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P., con posibles incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Entre los aspectos identificados, se menciona la priorización de la generación de energía eléctrica sobre la regulación de caudales, lo que habría incidido en el aumento del riesgo de inundaciones.
Asimismo, se advierte que la operación del embalse se habría realizado de manera recurrente por encima de la Curva Guía Máxima establecida por la Comisión Nacional de Operación (CNO), así como la superación de los caudales máximos autorizados. A esto se suma una presunta deficiencia en la implementación de los planes de gestión del riesgo y contingencias, incluyendo el sistema de alerta temprana.
En ese contexto, la Procuraduría indicó que “los hechos y la evidencia documental apuntan a que fue la materialización de un riesgo conocido”, lo que motivó la apertura de la investigación disciplinaria para establecer responsabilidades.
Presuntas omisiones en vigilancia y control
Dentro de los hallazgos también se identifican posibles fallas en el ejercicio de control por parte de la Anla. Según el informe, la intervención de la autoridad ambiental habría sido tardía y reactiva frente a un patrón de incumplimientos previamente detectados.
En particular, se investigará a Irene Vélez Torres y a Camilo Alexander Rincón Escobar, subdirector de Seguimiento de Licencias Ambientales, por una “presunta inobservancia del deber de control y seguimiento oportunos” frente al incumplimiento de la Curva Guía Máxima por parte de la empresa operadora desde 2024. También se indaga un posible retraso en la expedición del Auto 11905 del 30 de diciembre de 2025, pese a que el Consejo Nacional de Operación había actualizado los parámetros técnicos desde 2022.
La Procuraduría también incluyó en la investigación a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al considerar que habrían existido indicios de omisión o falta de celeridad en la adopción de medidas correctivas, pese a tener conocimiento de irregularidades en la operación de Urrá.
Otros funcionarios vinculados y alcance de la investigación
La decisión disciplinaria cobija igualmente a Libardo Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López López, superintendente delegado de Energía y Gas Combustible; Orlando Rodrigo Medina Marsiglia, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); así como a directivos de la empresa Urrá S.A. E.S.P.
En el caso de la CVS, se investigan presuntas omisiones en la prevención y control de obras ilegales en humedales, como terraplenes y diques, que habrían incidido en la dinámica hidráulica de la zona.
El organismo de control precisó que la apertura de la investigación tiene como finalidad “verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y establecer si los disciplinados actuaron al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, conforme a lo establecido en el Código General Disciplinario. Además, se advirtió que durante el desarrollo del proceso podrían vincularse otros actores que resulten involucrados en los hechos objeto de análisis.
Como parte de las primeras actuaciones, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, entre ellas la solicitud de información a la Anla sobre la vinculación laboral de los funcionarios investigados y la remisión completa del expediente relacionado con la expedición del Auto 11905 de 2025.
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