
La Fiscalía General de la Nación dejó en claro que va a reactivar la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una de las facciones de las disidencias de las Farc, si el Gobierno nacional de Gustavo Petro no toma decisiones claras sobre la continuación de las negociaciones de paz con este grupo armado antes de que finalice marzo de 2026.
Esta advertencia se emite tras la persistencia de actos criminales atribuidos a la estructura que lidera “Calarcá”, lo que puso en duda el compromiso de la disidencia con el proceso de paz, bajo la cuestionada política de ‘Paz Total’ y la implementación de compromisos acordados.
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Y es que es importante señalar que, desde que se iniciaron los acercamientos con las disidencias de “Calarcá”, el Gobierno había suspendido varias medidas judiciales en su contra, incluidas las órdenes de captura; sin embargo, la Fiscalía sostiene que, a pesar de la supuesta voluntad de paz del grupo, la persistencia de actividades delictivas no puede seguir sin sanción.

En una entrevista con Blu Radio el 26 de marzo, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, señaló que la entidad judicial no permanecerá indiferente si el comportamiento del grupo armado no cambia: “Estamos esperando que el alto comisionado para la paz adopte una postura clara sobre la continuidad de las negociaciones. Si no se dan avances sustanciales, la Fiscalía actuará por su cuenta”.
La funcionaria dejó claro que, en caso de que no haya señales de cambio, la reactivación de las órdenes de captura será inmediata, y se le otorgará un plazo de una semana al Gobierno para que tome decisiones definitivas.
El escándalo de las filtraciones compromete la imagen de alias Calarcá
La situación se complica aún más debido a un escándalo de espionaje que involucra a alias Calarcá y algunos miembros del Estado, ya que a finales de 2025 salieron a la luz filtraciones de información sensible obtenida de computadores y celulares incautados a la estructura de las disidencias de las Farc.

Estos documentos revelaron conversaciones entre oficiales del Ejército y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en las cuales se sugería que algunos de estos miembros de las fuerzas del orden habrían entregado información confidencial al grupo armado de Calarcá.
Las filtraciones también apuntaron a que los disidentes habrían recibido alertas sobre operativos militares y habrían identificado a “oficiales corruptos” o enemigos dentro de las propias instituciones de seguridad, de acuerdo con la información revelada por medios periodísticos y luego calificada por la Fiscalía.
A pesar de las investigaciones en curso, alias Calarcá sigue sin ser detenido, aunque existe una orden de captura suspendida debido a su rol como “gestor de paz” en las negociaciones. La Fiscalía insiste en que este tipo de conductas no pueden seguir impunes y ha solicitado la reactivación de las órdenes de captura.

“Cuando conocimos los detalles de los dispositivos, descubrimos que provenían de un operativo de retención donde se encontraban integrantes de su grupo armado, algunos de los cuales formaban parte de la mesa de negociación”, explicó Camargo.
El Gobierno mantiene la suspensión, pero aumenta la presión de la fiscal Camargo
Si bien la fiscal reconoció que la decisión de reactivar las órdenes de captura depende en parte del rumbo que tome el Gobierno nacional en relación con el proceso de paz, también dejó claro que la Fiscalía no se quedará de brazos cruzados si la situación no cambia.
Durante la conversación con el medio radial, la fiscal Camargo señaló: “Tienen suspendidas las órdenes de captura; nosotros hemos informado de estas situaciones al Gobierno porque creemos que, siendo el Gobierno que convoca a estos voceros, él sería el llamado a solicitar esas suspensiones, visto que no hay una voluntad de paz”.
“Estamos en un compás de espera, pero no vamos a permitir que la impunidad prevalezca. Si el Gobierno no toma decisiones en esta semana, la Fiscalía actuará”, aseveró Camargo.

La fiscal también detalló que las órdenes de captura suspendidas no solo involucran a alias Calarcá, sino que incluyen a otros líderes de las disidencias que son señalados por crímenes de lesa humanidad, como en el caso de los miembros del Frente 33 de las Farc, cuyo accionar violento en el Catatumbo está documentado.
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