Cualquier colombiano podrá actualizar gratis su género en el documento de indentidad: esto tiene que hacer

El Ministerio de Justicia de Colombia publicó para comentarios un borrador de decreto que permitirá la corrección del componente “sexo” en los registros civiles y documentos de identidad de manera ágil y gratuita por una sola vez, marcando un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas con identidades de género diversas.

El proyecto establece que, por primera vez, los registros civiles, cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad podrán incluir las categorías no binario (NB) y trans (T) en el campo “sexo”, tanto en formato físico como digital.

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Esta medida responde al mandato de la Sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó al Estado garantizar que la identidad de género autoasumida pueda reflejarse en los documentos oficiales sin requisitos adicionales como exámenes médicos o pruebas de intervención quirúrgica.

Según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil publicadas por El Tiempo, entre enero de 2015 y enero de 2026, 7.916 personas han solicitado correcciones en el componente “sexo” de su registro civil, de las cuales 220 eligieron la categoría ‘no binario’ y siete ‘transgénero’, mientras que la mayoría de los trámites (5.391) correspondieron a la categoría femenina.

Con la entrada en vigor del borrador, estos trámites serán más simples, rápidos y accesibles, y podrán realizarse sin costo una sola vez, eliminando barreras históricas para la población Lgbt+.

El procedimiento previsto establece que las personas mayores de edad solo deberán diligenciar un trámite notarial en un plazo de cinco días hábiles, tras lo cual se expide la escritura pública correspondiente. Luego, en un período de ocho días hábiles, podrán acudir a la Registraduría para rectificar su documento de identidad.

Esta actualización garantiza que la identidad de género autoasumida quede reflejada en todos los formatos de identificación vigentes, sin alterar el Número Único de Identificación Personal (Nuip), salvo en casos de cédulas antiguas con menos de diez dígitos.

El borrador también enfatiza la obligación de las autoridades de respetar el nombre identitario de las personas durante todo el proceso, incluso si no se realiza simultáneamente el cambio legal de nombre.

Además, la expedición de la primera copia del nuevo registro civil será gratuita, un paso clave para eliminar barreras económicas que históricamente dificultaban el acceso a este derecho.

Este cambio se suma a los esfuerzos de modernización de los sistemas de identificación en Colombia. Desde 2024, la Registraduría ha trabajado en la adaptación de más de 80 módulos del sistema, incluyendo bases de datos, aplicaciones y la interoperabilidad entre plataformas internas y externas.

Esto permitió la introducción progresiva de los códigos NB y T en los nuevos formatos de cédulas amarillas con hologramas y en la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’.

Elizabeth Castillo Vargas, subdirectora para asuntos Lgbt+ de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, destacó que “es fundamental que el Estado reconozca la identidad de las personas que no se ajustan a la convención de lo femenino y lo masculino.

Esto no solo permite acceder a derechos fundamentales, sino que garantiza que nuestra existencia diversa y multicultural quede reflejada en la estructura estatal”.

Ale Gómez Restrepo, coordinadore (sic) del área de Incidencia y Litigio de la Fundación Gaat, resaltó que “el hecho de que el Ministerio de Justicia proponga un procedimiento ágil y gratuito genera confianza en las instituciones, algo fundamental para la población Lgbt+.

Es un avance histórico que refuerza nuestros derechos y abre la puerta a un trato más justo y respetuoso por parte del Estado”.

Además del impacto individual, esta reforma tiene relevancia estadística y para políticas públicas.

La incorporación de estas categorías en los registros permitirá al Sistema Estadístico Nacional (SEN) actualizar permanentemente la información sobre diversidad de género, facilitando la creación de políticas públicas basadas en datos reales y aumentando la efectividad de las medidas diseñadas para proteger y garantizar los derechos de las personas Lgbt+.