“Es un impuesto a la creación de empleo”: las empresas se quejaron del nuevo cobro que les hará el Gobierno Petro desde abril

La entrada en vigor del impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno nacional generó preocupación en el sector empresarial. Tanto así que el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, solicitó a la Corte Constitucional que suspenda de manera temporal la medida, al advertir sobre los posibles efectos en la inversión, el empleo y la competitividad de las empresas en Colombia.

En respuesta a la implementación del gravamen, que aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho obligadas al impuesto sobre la renta, con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario, es decir, $10.474.000 al 1 de marzo de 2026, el dirigente expresó que el sector empresarial colombiano enfrenta un riesgo inminente a partir de abril.

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Según el análisis que hizo en un video, el tributo gravará la diferencia entre activos y pasivos de las compañías, lo que podría impactar la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico, además de suscitar dudas sobre su constitucionalidad y la transparencia en el uso de los recursos recaudados.

Para él, el sector empresarial colombiano tiene un gran riesgo en este momento, ya que se materializará a partir de abril.

Recordó que el Gobierno ya declaró emergencias económicas relacionadas con situaciones en La Guajira, El Catatumbo, la falta de aprobación presupuestaria en el Congreso y, más recientemente, por la emergencia invernal. Si bien reconoció que podría justificarse la emergencia, manifestó desacuerdos acerca del monto de recursos que se quieren recaudar como resultado de los impuestos que fueron decretados.

Críticas técnicas al impuesto al patrimonio

Bruce Mac Master señaló que “los impuestos de los cuales estamos hablando son altamente inconvenientes y técnicamente muy dudosos”. Explicó que este impuesto “se calcula sobre la diferencia entre los activos y los pasivos de las compañías”, por lo que aclaró que una empresa que invierte y ahorra en el país deberá pagar por esos activos, sin importar su liquidez.

Lamentó que “es un impuesto a la inversión, sin duda alguna, es un impuesto a la creación de empleo, es un impuesto al crecimiento del aparato productivo colombiano”. Añadió que “no lo hay en prácticamente ningún país del mundo por esas razones” y enfatizó en la falta de justificación sobre los recursos que se busca recaudar. “No existe ninguna correlación probada en este momento, no la hay tampoco en el sustento que el Gobierno ha entregado alrededor de por qué se quieren recaudar estos recursos”, añadió.

Asimismo, el dirigente advirtió sobre el impacto de la medida en la estructura financiera empresarial. “Colombia además va a terminar perdiendo con una competitividad tributaria que ya está comprometida desde muchos puntos de vista”, apuntó. Alertó que el impuesto “va a afectar la liquidez de las empresas y puede ser que algunas empresas tengan que vender activos o que tengan que endeudarse para poder sacar adelante y poder pagar este impuesto”. Además, considera que la disposición “va a desincentivar, sin duda alguna, la inversión y el crecimiento empresarial”.

Destacó que “no grava los activos líquidos, sino que grava básicamente la diferencia entre activos y pasivos”. Asimismo, observó que la creación de impuestos por mecanismos excepcionales puede resultar en cargas injustificadas. “Crea impuestos injustificados por mecanismos excepcionales”, insistió el líder gremial.

Debate jurídico y peticiones a la Corte Constitucional

El presidente de la Andi resaltó que la normatividad en Colombia estipula que los impuestos deben ser creados mediante la presentación y aprobación del Congreso de la República. “Este mismo impuesto, o impuestos similares, ya habían sido presentados al Congreso de la República, ya habían sido negados por parte del Congreso de la República”, recalcó.

De igual forma, cuestionó la justificación de la medida al señalar que “no existe ninguna correlación probada entre los recursos para atender la emergencia y los recursos que eventualmente se recaudarían”, en referencia al requisito constitucional de destinar los fondos recaudados por emergencias a la atención de su causa.

Por ello, insistió en la solicitud hecha a la Corte Constitucional. “Le hemos pedido a la Corte Constitucional que considere la posibilidad de suspender la aplicación de este impuesto hasta tanto no se defina de fondo cuál es verdaderamente la constitucionalidad del mismo”. Advirtió, además, sobre las posibles consecuencias negativas para las empresas.

“A la Corte Constitucional le hemos pedido que, con el fin de evitar un daño irreparable para muchas compañías, se suspenda temporalmente la aplicación del mismo, hasta tanto se produzca la decisión de fondo sobre la constitucionalidad o no de este impuesto”, dijo, algo que con anterioridad también pidió la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez.

Impactos sobre las empresas y el gasto público

Bruce Mac Master resaltó que la iniciativa refleja la política de gasto del Gobierno nacional y cuestionó sus mecanismos de priorización. “La ambición de gasto del Gobierno nacional, que además ha contado con mecanismos de priorización que han producido resultados negativos, en muchos casos se ve ahora reflejada en la repetida intención de tratar de poner un impuesto al patrimonio, en este caso de las empresas, que no es otra cosa que un impuesto a la inversión y a la generación de empleo”, puntualizó.

Enfatizó en el papel de las empresas como vehículos económicos para desarrollar la actividad de un país, por lo que insistió en que “en varias partes del mundo ha sido declarado altamente inconveniente para los intereses de cada uno de ellos”.

Cuestionó también la relación entre lo recaudado y el destino de los fondos destinados a la emergencia, y observó que la medida “contraviene el principio constitucional que obliga a destinar lo recaudado por medidas excepcionales a las necesidades específicas que justificaron su creación”.