Colombia tiene desde el 18 de marzo de 2026 una hoja de ruta para proteger a las mujeres que ejercen el periodismo. El Ministerio de Igualdad y Equidad firmó el Decreto 0277 de ese día, un documento que le da vida operativa al Fondo ‘No es Hora de Callar’, un mecanismo cuyo nombre muchos reconocen como la campaña de la periodista Jineth Bedoya Lima. Su propósito central es financiar acciones concretas del orden nacional, departamental y municipal dirigidas a mujeres periodistas.
La historia arranca con una condena internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Colombia en el caso de Bedoya Lima, periodista que fue secuestrada, torturada y violada en el año 2000 cuando cubría una fuente en la cárcel La Modelo de Bogotá.
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Como consecuencia directa de esa sentencia, el Congreso aprobó en 2024 la Ley 2358, que ordenó la creación del Fondo. Pero una ley que crea un fondo no dice cómo funciona en la práctica, para eso se necesita un decreto reglamentario. Ese es exactamente el papel del texto firmado la semana pasada.
¿Quién puede acceder?
La norma define con precisión quiénes son consideradas “mujeres periodistas” para efectos del Fondo. No solo aplica para quienes tienen un diploma universitario de periodismo o comunicación.
También cubre a comunicadoras empíricas que lideran proyectos alternativos o comunitarios, a mujeres vinculadas a medios regionales desde organizaciones sociales, a realizadoras audiovisuales, reporteras gráficas, editoras y a quienes producen contenidos digitales. La definición es amplia y reconoce que el periodismo en Colombia se ejerce de muchas formas, no solo desde las grandes redacciones capitalinas.
El decreto crea un Comité Decisorio, que es la instancia máxima del Fondo. Lo preside el ministro o ministra de Igualdad y Equidad. Lo integran también el viceministro o viceministra de las Mujeres, un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y, de manera destacada, la propia Bedoya Lima o quien ella designe desde su campaña ‘No es Hora de Callar’. Los recursos se aprueban anualmente dentro del presupuesto del Ministerio de Igualdad, según lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
¿Para qué sirve y para qué no?
Los recursos del Fondo pueden destinarse a tres grandes líneas: programas de prevención, protección y asistencia para periodistas víctimas de violencia de género; medidas concretas de seguridad para quienes enfrentan riesgos especiales por su trabajo; e investigaciones periódicas para medir qué tan frecuente y de qué tipo es la violencia que sufren las periodistas en Colombia. El decreto también exige expresamente que estas líneas lleguen a mujeres de regiones apartadas, incluyendo zonas rurales y territorios de difícil acceso.
Sin embargo, el Fondo tiene límites claros. No está diseñado para entregar dinero directamente a víctimas de amenazas o persecución, no paga tiquetes de reubicación ni cubre exilios económicos, y tampoco otorga subsidios monetarios. Esos casos deben atenderse a través de las entidades del Estado que ya existen para ello.
El momento en que llega la norma
La reglamentación se conoce en una semana en que el periodismo colombiano vive una sacudida interna. El 24 de marzo, Caracol Televisión confirmó la salida del periodista deportivo Ricardo Orrego y la terminación del contrato del presentador Jorge Alfredo Vargas luego de que varias periodistas relataran públicamente episodios de acoso sexual y un ambiente de intimidación en las oficinas del canal. Testimonios similares apuntaron también a Rcn Televelevisión.
Además, el medio feminista Volcánicas reportó haber recibido más de 30 testimonios anónimos sobre comportamientos inapropiados dentro de Rtvc, el sistema de medios públicos, que negó la existencia de denuncias formales en sus canales internos. Ante el volumen de las revelaciones, la Fiscalía General abrió una investigación de oficio y habilitó un correo exclusivo para recibir testimonios con enfoque de género.
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