El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, defendió la labor del tribunal y aseguró que los cuestionamientos en su contra responden a posiciones politizadas y carecen de sustento.
En entrevista con El Tiempo, el magistrado sostuvo que varias de las críticas dirigidas al funcionamiento de la JEP se originan en el desconocimiento y la incomprensión del modelo de justicia transicional.
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Ramelli explicó que el mandato constitucional de la JEP fue establecido por quince años, de los cuales ya transcurrieron ocho. Señaló que una extensión de cinco años, contemplada en la normativa, sería necesaria para finalizar las investigaciones y definir la situación jurídica de miles de comparecientes.
“Los cinco años de prórroga ya previstos serán necesarios en un futuro”, afirmó el magistrado, quien precisó que la decisión final corresponde al Congreso de la República.
El presidente de la JEP indicó que la continuidad del tribunal sigue siendo tema de debate electoral, a pesar de los años transcurridos desde el Acuerdo de Paz y la creación de la jurisdicción.
Según declaró a El Tiempo, los jueces deben mantenerse al margen de la contienda política, pero reciben con apertura la crítica informada y rechazan afirmaciones sin respaldo. “Algunas críticas se explicarían por el desconocimiento o la incomprensión del funcionamiento de un modelo de justicia novedoso”, precisó.
Ramelli argumentó que la JEP busca un enfoque diferente al de la justicia penal tradicional. En su criterio, el sistema ordinario se centra en sancionar a autores materiales, mientras la JEP orienta sus esfuerzos hacia los máximos responsables y la obtención de verdad completa.
Además, señaló que el proceso apunta a la reconciliación nacional mediante el encuentro entre víctimas y responsables, un mecanismo que calificó como imprescindible para el país.
Sobre la incidencia de la polarización política en la percepción pública, el presidente del tribunal comentó a El Tiempo que en una democracia todas las voces deben ser escuchadas.
A su juicio, la polarización afecta la legitimidad de la institución cuando las críticas se basan en posiciones ideológicas y no en el análisis de los resultados alcanzados. Según Ramelli, quienes cuestionan la legitimidad de la JEP suelen hacerlo sin examinar objetivamente los avances y repiten consignas sin base comprobable.
Frente a la acusación de parcialidad, el magistrado aseguró a El Tiempo que la JEP ha adoptado el mismo número de autos de imputación contra exintegrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública, lo que evidencia una actuación simétrica. “Ambos sectores nos acusan de dar trato preferente al otro”, comentó.
En relación con el trato diferenciado a agentes estatales, Ramelli expuso que la Constitución ya contempla beneficios, como libertades condicionadas, privaciones de libertad en unidades militares y renuncias a la persecución penal.
En el balance de sanciones, Ramelli informó en El Tiempo que los siete integrantes del último Secretariado de las Farc y doce miembros del Ejército Nacional recibieron penas de ocho años, mientras que el coronel retirado Publio Hernán Mejía fue condenado a veinte años de prisión tras un proceso adversarial.
El presidente de la JEP destacó la magnitud de los casos abordados por el tribunal, incluyendo la sentencia contra el último Secretariado por 21.000 secuestros y el reconocimiento del reclutamiento de más de 18.000 menores y delitos sexuales, hechos en los que participaron dos mil víctimas y cinco pueblos étnicos. En las investigaciones territoriales, el tribunal ha imputado a mandos medios por crímenes contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
Ramelli manifestó su confianza en el blindaje constitucional de la JEP frente a eventuales cambios políticos, y recordó que la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Colombia tras constatar avances en investigación y sanción de crímenes, aunque podría reabrirlo si el Estado incumple los compromisos asumidos, según lo informado por El Tiempo.
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