Congresistas del Centro Democrático demandaron resolución del Igac que aumenta avalúos catastrales en más de 520 municipios de Colombia

Dos congresistas del Centro Democrático, el senador electo Óscar Villamizar y el representante a la Cámara por Santander electo Jonathan Pineda, interpusieron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que autoriza un incremento significativo de los avalúos catastrales en más de 520 municipios de Colombia.

La acción judicial se acompañó con el anuncio de un nuevo proyecto de ley para la legislatura que se avecina, desde el 20 de julio, y busca detener un ajuste súbito que, de acuerdo con los demandantes, representa un riesgo para la economía de los propietarios rurales y urbanos debido al aumento inmediato de la base gravable de los impuestos.

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Tanto Villamizar como Pineda acudieron a esta vía debido a que consideran que la resolución del Igac, expedida el 30 de diciembre de 2025 y aplicada de inmediato, impone aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, lo que afecta a miles de propietarios en el país. De acuerdo con la demanda, cuestionaron que la medida carece de base técnica transparente y fue adoptada sin debate legislativo.

Tampoco hay una consulta municipal que la respalde, lo que podría generar consecuencias tributarias y financieras graves para la ciudadanía.

Los efectos fiscales de la resolución que aumentaría avalúos catastrales

Como se mencionó, la demanda solicita la nulidad inmediata del acto administrativo y la suspensión provisional de sus efectos, según detalla el documento radicado ante Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado. Entre los argumentos está que la resolución constituye una “reforma tributaria encubierta”, ya que fija incrementos en avalúos que en algunos municipios superan el 2.500.000%.

Villamizar señaló que la medida “está poniendo en riesgo la propiedad privada, tanto en el sector rural como en el urbano” y agregó que “este gobierno quiso expropiar a los campesinos trabajadores de este país. Con aumentos desbordados, que en algunos casos superan el 2.500.000%”. Por ello, denunció que “están poniendo en riesgo la propiedad privada tanto en el sector rural como en el urbano”.

Por su parte, Pineda calificó la decisión como “una reforma tributaria disfrazada, hecha a espaldas de los colombianos y sin considerar la realidad económica de quienes viven del campo”. Según los parlamentarios en el recurso presentado ante el alto tribunal, las consecuencias de la resolución van más allá del impuesto predial, ya que los nuevos avalúos impactarán también el impuesto de renta.

Además del impuesto al patrimonio y la ganancia ocasional para los propietarios, motivo por el cual los demandantes criticaron que no hubo consulta ni socialización previa con los municipios o las comunidades afectadas, y que el acto administrativo no detalla los criterios técnicos utilizados para definir los incrementos.

Frente a los señalamientos de la demanda, que buscaría dejar sin efectos la resolución del Igac, esta entidad argumentó que “el ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático ni proporcional del Impuesto Predial Unificado (IPU)” y explicó que el avalúo sirve como base gravable, pero el monto final depende de las tarifas que cada concejo municipal establezca y de los límites legales vigentes.

Sin embargo, los congresistas insistieron en que esto no reduce el impacto negativo, ya que muchos propietarios solo supieron del incremento tras recibir la orden de pago, lo que, en su opinión, vulnera principios constitucionales de certeza y equidad tributaria reconocidos por la Corte Constitucional. Y remarcaron también que la resolución ignoró la necesidad de proteger el patrimonio de los afectados.

Los congresistas advirtieron que, además de impulsar la vía judicial, persistirán en la búsqueda de un marco normativo que asegure la realización de procedimientos participativos y salvaguardas para los propietarios, frente a incrementos arbitrarios en los avalúos catastrales; como se reiteró en la comunicación a Álvarez, titular del tribunal, que ahora tendrá que decidir si se admite el recurso.