El Gobierno nacional reglamentó el programa “Colombia Solar” mediante la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, con la que se formaliza una estrategia orientada a que hogares de estratos 1, 2 y 3 produzcan su propia energía a partir de fuentes renovables, reduciendo la dependencia del esquema tradicional de subsidios eléctricos.
La normativa define las condiciones necesarias para la implementación, gestión y seguimiento del programa, incluyendo instrumentos contractuales, criterios de focalización y mecanismos de operación. El objetivo central es permitir la autogeneración de energía hasta cubrir el consumo básico de subsistencia de los usuarios, tanto en el Sistema Interconectado Nacional como en zonas no interconectadas.
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El Ministerio de Minas y Energía planteó que el programa representa un ajuste en la política pública del sector. “El programa Colombia Solar marca un cambio estructural: pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”, afirmó el ministro Edwin Palma.
La estrategia contempla la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, tanto individuales como colectivas, que permitirán a los usuarios generar energía para su propio consumo. Según la reglamentación, estas soluciones podrán operar bajo distintas modalidades, incluyendo esquemas centralizados para abastecer a múltiples viviendas o sistemas individuales para uso autónomo.
De acuerdo con el documento, el programa fue concebido como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1715 de 2014 y el Decreto 0972 de 2025, que habilitó la autogeneración solar para hogares de menores ingresos.
El presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció sobre la iniciativa. A través de su cuenta en X, señaló: “El programa ‘Colombia Solar’ permite que cada familia y unidades productivas puedan tener su propia generación de energía barata y limpia a través del panel solar. Es una verdadera revolución energética”.
Lineamientos técnicos, operación y sostenibilidad
La resolución establece que el programa incluirá esquemas de administración, operación y mantenimiento (AOM) de las soluciones fotovoltaicas por un periodo de hasta 25 años, considerado como la vida útil de los sistemas.
Durante el primer año, estas actividades estarán a cargo de los contratistas encargados de la instalación. A partir del segundo año, la responsabilidad será transferida a los agentes comercializadores del servicio de energía, quienes deberán garantizar el funcionamiento continuo de la infraestructura.
La normativa también introduce mecanismos de medición avanzada que permitirán registrar la energía generada, consumida y entregada a la red, mediante sistemas bidireccionales que aseguren la trazabilidad de la información.
Asimismo, se establece que los usuarios podrán entregar excedentes de energía a la red, conforme a la regulación que defina la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), y que el valor del programa se reflejará en la factura del servicio eléctrico, diferenciando entre energía cubierta por el esquema solar y aquella que continúa bajo el sistema tradicional.
Focalización de beneficiarios y alcance del programa
El programa priorizará a los beneficiarios con base en criterios técnicos y sociales, incluyendo el índice de pobreza multidimensional, el costo del servicio de energía y las condiciones del territorio, así como el potencial de radiación solar en cada región.
La resolución establece una metodología de focalización a nivel departamental que permite asignar recursos según variables como pobreza energética, costos del servicio y horas solares disponibles, con el fin de optimizar la implementación del programa en las zonas con mayores necesidades.
Adicionalmente, se contempla una caracterización detallada de los usuarios potenciales, que incluirá información como consumo histórico, ubicación, condiciones socioeconómicas y acceso al servicio de energía.
El ministerio señaló que esta reglamentación permitirá “llevar soluciones reales a las familias más vulnerables, reducir la carga fiscal del sistema y avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible”.
La iniciativa fue declarada como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (Pines), lo que respalda su implementación dentro de la política de transición energética. En ese contexto, también busca disminuir la presión sobre el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso.
Finalmente, el ministro Palma indicó que “pone a los ciudadanos en el centro de la transición energética, garantizando acceso equitativo a tecnologías limpias en todo el territorio nacional”, en línea con los objetivos de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de acceso al servicio de energía en el país.
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