El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) emitió este jueves 19 de marzo un comunicado en el que reconoció que en medios de comunicación circulan denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación de vigilancia de su Regional Sucre —uno de los contratos cuestionados, valuado en $48.019 millones—, por lo que anunció cuatro medidas inmediatas:
La entidad separó del cargo al coordinador de esa licitación, ordenó una revisión interna del proceso, solicitó acompañamiento formal de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, y adelantó una evaluación integral del proceso contractual. La entidad afirmó que actúa “bajo los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva”.
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El comunicado llegó horas después de que la Red de Veedurías de Colombia ampliara ante esos mismos organismos de control las quejas que ya había radicado por presuntas irregularidades en contratos de seguridad privada del Sena que rondan los $190.000 millones.
La queja fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización, y está dirigida contra el director del Sena, Jorge Londoño, la secretaria general Katerine Grimaldos Cárdenas, y otros funcionarios de la entidad.
¿De qué se trata el problema?
Para entender el fondo del asunto hay que partir de cómo funciona una licitación pública. Cuando el Estado necesita contratar un servicio, como la vigilancia de sus instalaciones, debe abrir una convocatoria para que varias empresas compitan y presenten ofertas. La idea es que haya competencia real, que el Estado elija la opción más conveniente y que nadie se quede con el negocio por favoritismo.
El problema denunciado previamente por Infobae Colombia es que los pliegos de condiciones, es decir, los documentos que definen qué requisitos debe cumplir quien quiera participar, estarían escritos de tal manera que solo una o muy pocas empresas pueden cumplirlos.
A eso se le llama coloquialmente “pliego sastre”: un traje hecho a la medida de alguien específico. La Red de Veedurías sostiene que este mecanismo estaría favoreciendo a un grupo reducido de compañías del sector de la seguridad privada.
Pablo Bustos explicó a este medio que la situación en estos términos: “Se documentan los señalamientos frente al SENA Risaralda, SENA Meta y SENA Valle del Cauca, donde existirían exigencias injustificadas y desproporcionadas frente al servicio de vigilancia y seguridad privada, donde pocos concurrentes pudieron participar o terminaron siendo único proponente”.
Los requisitos que generan alarma
Según la denuncia formal radicada ante el Ministerio Público, los pliegos de condiciones de varios procesos del Sena incluyen exigencias poco habituales para contratar vigilancia privada.
Por ejemplo, para el cargo de director de operaciones se pide ser oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía, tener título profesional en ciencias militares, posgrado en gerencia de recursos humanos, acreditación como consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y al menos 15 años de experiencia en cargos directivos.
A esto se suman permisos de uso de espectro radioeléctrico, licencias de seguridad y salud en el trabajo vigentes, y certificación como poligrafista o auditor en gestión antisoborno. La Red de Veedurías advierte que requisitos similares aparecen en procesos de otras entidades públicas, lo que indicaría que el patrón se replica más allá del Sena.
Bustos señaló que esa combinación de exigencias “afecta la libre concurrencia, la selección objetiva y los principios generales de la función y gestión públicas”.
La denuncia detalla los montos por regional: Sena Sucre, $48.019 millones; Sena Risaralda, $41.174 millones; Sena Cundinamarca, $38.860 millones; y Sena Meta, $33.305 millones. En varios de esos procesos, según la queja, se presentó un único proponente.
El Sena no negó los hechos señalados. En su comunicado indicó que activó “de manera inmediata los mecanismos de verificación correspondientes” y que sus acciones buscan defender “el interés público” y garantizar “la correcta ejecución de los recursos públicos”. Hasta el cierre de esta nota, los organismos de control no se habían pronunciado públicamente sobre el estado de las investigaciones.
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