En un momento en que el sector minero-energético atraviesa una etapa de incertidumbre, los empresarios del país pusieron sobre la mesa una hoja de ruta con propuestas concretas para reactivar su dinámica. La discusión no es menor puesto que, de esta industria dependen inversiones millonarias, empleo y buena parte de los ingresos fiscales.
El planteamiento se registró en Colombia Genera, un espacio que reunió a los principales actores del sector y que este año volvió a centrarse en cómo destrabar proyectos y recuperar la confianza. Allí, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presentó un paquete de 16 medidas dirigidas al Gobierno, al Congreso y a las propias empresas.
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Más que un diagnóstico, el mensaje fue una invitación a actuar con rapidez. La propuesta combinó ajustes estructurales con decisiones urgentes, en un intento por responder a los desafíos que hoy enfrentan tanto la minería como los hidrocarburos en el país.
Uno de los ejes centrales apunta a reactivar la exploración. Para el gremio, retomar la asignación de nuevas áreas resulta clave si se quiere garantizar la sostenibilidad de la producción en el largo plazo. Sin ese impulso, advirtieron, el conocimiento geológico se estanca y se limita la capacidad de encontrar nuevos recursos.
En paralelo, la Andi planteó revisar el esquema tributario. La idea es recuperar condiciones que permitan competir en un entorno internacional cada vez más exigente, donde los capitales buscan destinos con reglas claras y cargas fiscales equilibradas.
La seguridad también apareció como un factor determinante. En varias regiones con actividad extractiva, las condiciones de orden público afectan la operación de las compañías. Por eso, el gremio insiste en fortalecer la presencia institucional para garantizar entornos más estables.
En el frente social e institucional, las propuestas se enfocan en mejorar procesos que históricamente generaron demoras. Uno de ellos es la consulta previa. Según Mac Master, es necesario darle mayor claridad en tiempos y responsabilidades, de manera que no se convierta en un obstáculo impredecible para los proyectos. Algo similar ocurre con el licenciamiento ambiental. La Andi sugiere optimizar este proceso mediante esquemas más ágiles, que consideren el nivel de riesgo de cada iniciativa. La intención es evitar trámites excesivos sin descuidar la protección ambiental.
Entre las medidas urgentes, el gremio destacó la necesidad de fortalecer el ordenamiento territorial. El reto está en lograr un equilibrio, respetar la autonomía de las regiones sin frenar el desarrollo económico ni afectar la competitividad.
En esa misma línea, se propone crear mecanismos efectivos para resolver conflictos territoriales. La apuesta es sentar en la misma mesa a la Nación, los gobiernos locales, las comunidades y las empresas, con el fin de construir acuerdos que permitan avanzar en los proyectos.
Otro punto clave es la articulación institucional. La Andi consideró fundamental que entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Upme, la ANM y la ANH trabajen de manera coordinada, especialmente en la socialización de planes y proyectos en los territorios.
También se plantea reactivar instancias que en el pasado ayudaron a destrabar iniciativas estratégicas. Entre ellas, la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (Ciipe) y los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines), que buscan acelerar desarrollos clave para el país.
En el ámbito eléctrico, las recomendaciones apuntan a modernizar el sistema. Una de las propuestas es permitir que los operadores de distribución tengan un rol más activo en la gestión de las redes, lo que podría mejorar la eficiencia del servicio.
A esto se suman medidas complementarias, como el desarrollo de esquemas de respuesta de la demanda, el fortalecimiento de la planeación energética a través de la Upme y la creación de una segunda instancia dentro de la Creg. También se insiste en la importancia de contar con expertos comisionados y en garantizar el gas como combustible de transición.
El paquete se completa con la necesidad de avanzar en subastas de nivel de servicio, un mecanismo que permitiría mejorar la confiabilidad del sistema energético. Detrás de todas estas propuestas hay un objetivo común, recuperar la confianza inversionista y darle un nuevo impulso a un sector que ha perdido dinamismo. Para la Andi, el desafío no solo pasa por reactivar proyectos, sino por construir un entorno más predecible y competitivo.
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