Estas son las EPS que el gobierno podría liquidar, según la orden de Gustavo Petro: suman 23 millones de pacientes

El anuncio del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo generó un gran revuelo. En la sesión, ordenó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, proceder con la liquidación inmediata de las EPS que han sido declaradas en quiebra.

Sin embargo, el mandatario nacional no entregó detalles de cuáles serían las promotoras que entrarían en etapa de liquidación, lo que generó una fuerte incertidumbre para unos 23 millones de pacientes que se mantienen afiliados a ocho EPS actualmente intervenidas.

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“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, comentó el mandatario en la noche del lunes.

En ese orden de ideas, la decisión deja sobre la mesa la posibilidad de que EPS de gran cobertura nacional como Famisanar o Coosalud, que suman más de seis millones de usuarios, puedan decir adiós al sistema de salud.

Además, se suma la incertidumbre de usuarios afiliados a Asmet Salud (1,8 millones de usuarios), Emssanar (1,7 millones de afiliados), Savia Salud (1,6 millones de afiliados), Servicio Occidental de Salud (750.000 afiliados) y Capresoca (170.000 afiliados)

Entre las promotoras con mayor riesgo se encontraría la Nueva EPS que, además de sumar unos 11 millones de usuarios, ya acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos entre 2022 y 2025.

Sin embargo, el presidente aseguró que al ser propiedad del Estado en un 50%, tendría que responsabilizarse de la deuda al menos 10 billones de pesos con recursos públicos.

“El Jefe del Estado debe recibir el pago que el Estado Nacional debe por ser propietario de la mitad de la Nueva EPS desde su fundación; es propietario de la mitad de la empresa y, por tanto, de la deuda”, comentó Petro.

Por su parte, la EPS Famisanar se ha mantenido intervenida desde 2023 y, apenas en septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro autorizó la prórroga de la toma forzosa por parte de la Superintendencia de Salud hasta 2026.

Hasta finales de 2025, la EPS con unos 2,9 millones de afiliados acumulaba deudas por 2,3 billones de pesos, además del crecimiento de un 40% en el número de quejas solo en el régimen contributivo.

Asimismo, el informe del Observatorio Así Vamos en Salud de 2025 señaló que Famisanar fue la aseguradora con mayor deterioro patrimonial en el periodo analizado, pasando de un patrimonio negativo de 1,1 billones de pesos en 2023 a 1,5 billones en 2024, y profundizándose hasta los 2,3 billones en el primer trimestre de 2025.

Además, la revisión de cuentas mostró que las EPS bajo intervención estatal, como Savia Salud, Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, EPS S.O.S y la propia Famisanar, presentan un deterioro progresivo en sus balances. Entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2025, el patrimonio negativo conjunto pasó de 1,3 billones a 10 billones de pesos, lo que supuso un incremento del 74,5% respecto al año anterior.

Por su parte, el deterioro financiero y el aumento de reclamos en Coosalud EPS encendieron las alarmas de la Procuraduría, que inició una investigación disciplinaria sobre la gestión de sus interventores más recientes en marzo de 2026.

La entidad de control detectó que la intervención forzosa no solo no resolvió los problemas de acceso a servicios de salud, sino que estos se agravaron.

En 2025, Coosalud EPS acumuló 107.252 peticiones, quejas y reclamos (PQR), un incremento del 32 % frente al año anterior. Ese mismo año, las tutelas interpuestas por usuarios llegaron a 20.216, creciendo un 21 % respecto a 2024. Este aumento, según la Procuraduría, es un claro reflejo de las mayores barreras que enfrentan los afiliados para acceder a diagnósticos, tratamientos y medicamentos.

La Procuraduría evidenció que, pese a la intervención administrativa, los rezagos en la atención siguieron multiplicándose. El organismo señaló que la cantidad de incidentes de desacato por incumplimiento de fallos judiciales también subió: de 3.456 en 2024 a 3.943 en 2025, un alza del 14 %.

Asimismo, Asmet Salud EPS mantiene una intervención forzosa administrativa hasta mayo de 2026, una medida que mantiene bajo estricta vigilancia a una entidad que cubre a más de 1,5 millones de afiliados en nueve departamentos y en Bogotá.

En el momento de la intervención original, el número de usuarios superaba los dos millones, pero hoy la cifra se sitúa en 1.566.099, con predominio del régimen subsidiado.

La operación de Asmet Salud EPS se concentra en zonas rurales y apartadas de departamentos como Caquetá, Cauca, Cesar, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además de Bogotá.

En muchas de estas áreas, la entidad es el único asegurador disponible, lo que la convierte en el pilar que sostiene el acceso a la salud para comunidades vulnerables y de difícil acceso.