El 16 de marzo de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la liquidación inmediata de las EPS que fueron declaradas en quiebra.
“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, expuso en el Consejo de Ministros.
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Tras el anuncio, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advirtió sobre el peligro inminente para la atención de millones de ciudadanos si la ejecución de este plan gubernamental no se ajusta a criterios técnicos claros.
Según datos aportados por Vesga en entrevista con Blu Radio, la intervención de las ocho EPS que fueron declaradas inviables agrupa a cerca de 24 millones de colombianos y acumula pérdidas patrimoniales superiores a los $13 billones.
Para la dirigente, esta crisis sectorial se profundizó en los dos años recientes, coincidiendo con la gestión de la actual administración. Vesga consideró: “lo que sí creemos es que nuevamente el gobierno está jugando con la vida de los colombianos”, aludiendo a que la incertidumbre generada impacta de manera directa el bienestar de los afiliados.
A la par, Vesga sostuvo que “no es claro nada de lo que dijo el presidente...”, y cuestionó la legalidad de estas competencias en cabeza de los ministerios. La vocera del sector detalló que, en términos técnicos, las únicas aseguradoras declaradas en quiebra actualmente son aquellas ocho que ya han sido objeto de intervención estatal.
El gremio dirigido por Vesga, que agrupa a empresas como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar, interpreta la medida presidencial como un intento de adelantar la reforma a la salud por vía administrativa y mediante decretos, ante las barreras legales que impiden traslados masivos de población entre aseguradoras. Desde diferentes perspectivas sectoriales, detectan el propósito de consolidar a la Nueva EPS como gran operador único del modelo de aseguramiento.
Entre las aseguradoras bajo observación para una posible liquidación emergen los nombres de Famisanar, Asmet Salud, Coosalud y Capresoca, todas marcadas por un deterioro patrimonial grave. Vesga precisó al medio citado que, a pesar de estas dificultades, las EPS privadas que no fueron intervenidas lograron resistir los esfuerzos del Gobierno nacional, aunque bajo serias complejidades financieras.
Uno de los puntos de mayor preocupación para Acemi radica en la opacidad financiera de la Nueva EPS, que no publica estados financieros desde diciembre de 2023. “Eso es una caja negra”, afirmó Vesga, subrayando que el deterioro de esta entidad podría “incluso duplicar el de las otras EPS en crisis”, estimando pasivos entre $15 y $20 billones.
La ausencia de información clara sobre la situación financiera constituye, para el gremio, un riesgo aún mayor si se concreta el traslado masivo de afiliados hacia la Nueva EPS.
Las críticas a Petro por propuesta de liquidar a las EPS ‘quebradas’
La senadora Norma Hurtado, del Partido La U, una de las voces críticas más activas en la discusión sobre la reforma a la salud, atribuyó la crisis sanitaria a decisiones actuales. Hurtado cuestionó que el presidente Gustavo Petro responsabilice a gobiernos previos por la crisis.
“El presidente Petro dice que la crisis del sistema de salud es por una lista heredada de interventores, pero los hechos lo contradicen: en 2024, su superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, cambió los requisitos del RILCO —listado de interventores—. En 2025, se conformó la nueva lista. Es decir, los interventores que hoy cuestiona fueron nombrados por este mismo gobierno. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad?”, declaró Hurtado a El Tiempo.
En otro frente, Andrés Forero, representante y senador electo del Centro Democrático, denunció que el Ejecutivo propició la insolvencia de varias EPS con intervenciones que calificó de arbitrarias y desastrosas. Forero sostuvo que la liquidación de estas entidades podría dejar a “casi la mitad de los colombianos en el limbo”, y remarcó: “Condena a millones porque no le aprueban sus caprichos”, según declaraciones recogidas porel medio citado.
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