La Fiscalía General de la Nación ha solicitado la imputación de cargos contra varios exfuncionarios del Ministerio de Defensa y contratistas por su presunta participación en el direccionamiento irregular de un contrato valorado en 32 millones de dólares.
Los implicados están vinculados al proceso de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional de Colombia, un caso que involucra a:
- Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación.
- Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística.
- Carlos Martín Uribe Forero, contratista.
- James Lester Montgomerie, contratista.
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La Fiscalía actúa después de identificar que, entre septiembre y diciembre de 2024, estas personas habrían intervenido en un esquema que permitió la asignación irregular de un contrato millonario. El objetivo era asegurar el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17, afectando recursos públicos y presuntamente favoreciendo intereses particulares.
El procedimiento legal se inició con la radicación de la solicitud de audiencia de imputación en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Las pesquisas señalan que el contrato, vital para el sector defensa, fue manipulado para beneficiar a ciertos funcionarios y contratistas.
Los delitos imputados a los involucrados
La Fiscalía tiene previsto imputar delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a los implicados, según corresponda su participación.
Entre las acusaciones también figuran prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. Esto refleja la magnitud de las conductas ilícitas que examina la investigación.
Próximas etapas del proceso judicial
El avance del proceso dependerá del reparto aleatorio a cargo de la Judicatura, mecanismo por el cual se asignarán tanto la fecha de audiencia como el juzgado correspondiente en el mismo Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
Una vez que se determinen el juzgado y la fecha, se formalizará el inicio del trámite contra los mencionados en el caso. Se espera que la definición de estos aspectos marque el comienzo oficial de la siguiente fase judicial en torno a estos hechos.
El incumplimiento de contrato en el Ministerio de Defensa deja a quince de veinte helicópteros MI-17 fuera de servicio y genera detrimento patrimonial
La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional tras identificar irregularidades en la adjudicación de un contrato de USD 32 millones destinado al mantenimiento de helicópteros MI-17.
El caso revela un mecanismo de manipulación en los procesos de contratación pública, que permitió el desembolso de sumas millonarias sin que la aviación militar lograra recuperar su operatividad.
El contrato, firmado el 31 de diciembre de 2024 por Hugo Alejandro Mora Tamayo, entonces secretario general del Ministerio de Defensa, implicó la transferencia anticipada de más de USD 16 millones a una cuenta en Estados Unidos de la empresa seleccionada, Vertol Systems Company. Según la investigación presentada ante un juez penal de control de garantías, solo se ejecutaron tareas de mantenimiento equivalentes a USD 2,6 millones.
Más de USD 13 millones de la suma transferida no han sido reintegrados al ministerio luego de haberse declarado el incumplimiento formal del contrato, indicó la Fiscalía.
La investigación señala que Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, gerente del proyecto en la Brigada de Aviación No. 32, direccionaron el proceso contractual entre septiembre y octubre de 2024 para garantizar la adjudicación a Vertol Systems Company.
El comité evaluador había descartado la propuesta inicial de esa empresa, pero los procesados intervinieron para modificar los requisitos financieros y técnicos, facilitando su aprobación y certificando experiencia e idoneidad sin justificaciones técnicas, según presentó la Fiscalía ante la justicia.
La Fiscalía detalló que Rincón Ricaurte otorgó prórrogas para la presentación de cotizaciones, participó en la alteración de estudios financieros y avaló condiciones que dificultaron la verificación de la verdadera capacidad económica del contratista.
En paralelo, Manrique Cabezas modificó los criterios económicos habilitantes en el estudio previo, lo que permitió a la empresa estadounidense aprobar el filtro sin demostrar liquidez, rentabilidad ni capacidad organizacional.
Mora Tamayo firmó el contrato a pesar de conocer estas irregularidades y autorizó el anticipo del 50% del valor total pactado. El desembolso se realizó el 15 de abril de 2025, en un momento en que, de acuerdo a la Fiscalía, no existían las condiciones contractuales ni técnicas para iniciar la ejecución del acuerdo. El ministerio no pudo acceder a los servicios comprometidos y permaneció sin la recuperación funcional de la flota.
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