Habitantes del corregimiento Puerto López, en El Bagre (Antioquia), vivieron momentos de fuerte tensión por los combates entre grupos armados ilegales - crédito NP Noticias Online/Facebook
Una grave situación de orden público se registró durante la mañana del jueves 12 de marzo de 2026, luego de que, presuntamente, dos personas murieran en las últimas horas en el corregimiento Puerto López, en El Bagre (Antioquia), tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales en la zona.
Los hechos ocurrieron entre los sectores conocidos como El Cementerio y Río Tigüí, donde se reportó un combate entre miembros del Clan del Golfo y una presunta alianza criminal conformada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
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La información preliminar indica que las víctimas serían civiles y no habrían participado en las hostilidades.
Al respecto, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, informó a Blu Radio que la fuerza pública fue hostigada al intentar disuadir la acción armada y detalló que los fallecidos “no tienen como unos uniformes o características que los detallen como integrantes de algún grupo armado ilegal”.
En el lugar, los agresores habrían dejado un letrero acusando a las víctimas de ser consumidores de drogas.
Los momentos de temor y angustia se conocieron rápidamente a través de redes sociales, lo que llevó a que los habitantes se resguardaran en sus casas mientras cesaban los disparos de ráfagas de fusil.
Hostigamiento a la fuerza pública y secuestro de menores
Durante la intervención, las autoridades habrían enfrentado hostigamientos por parte de los grupos armados, lo que dificultó la verificación inmediata de la situación y el traslado de los cuerpos a la zona urbana de El Bagre.
La fuerza pública espera consolidar su presencia en el corregimiento en las próximas horas para garantizar el desarrollo de los actos judiciales urgentes.
En paralelo, se reportó el secuestro de dos adolescentes de 14 y 15 años por parte de las disidencias de las Farc. Las menores fueron llevadas con rumbo desconocido y son buscadas por las autoridades, según el reporte entregado al citado medio de comunicación.
Violencia y desplazamiento en la región
Desde el 5 de enero de 2026, más de diez veredas en los municipios de El Bagre y Segovia (Antioquia), así como en Montecristo (Bolívar), enfrentan un confinamiento impuesto por el Frente 4 José Antonio Galán del grupo armado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, conocido como “Calarcá Córdoba”, según informó la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).
De acuerdo con el reporte de Pares, en veredas como Arenas Blancas, Socorro, La Ahumada, Quibdocito, Sentada de Villa, Majagua y Algarrobo (El Bagre), Suribio y Bocas de Chicamoque (Segovia), y El Retén, La Unión y Tarachica (Montecristo), más de 500 familias han visto restringida su movilidad y acceso a alimentos debido a la imposición de normas estrictas por parte del grupo armado.
Entre las medidas se incluyen restricciones de movilidad entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., cierre de tiendas, prohibición del uso de prendas negras, advertencias sobre desplazamientos por trochas y la obligación de portar el carné de la junta de acción comunal.
Estas órdenes, impuestas a través de mensajes de WhatsApp a líderes comunitarios, limitarían la vida cotidiana y el abastecimiento, agravados por la emergencia climática que ha deteriorado la infraestructura vial.
El confinamiento responde a la disputa territorial entre el Frente 4 del Embf y otros actores armados, en un contexto donde la presencia estatal es institucional pero débil, incapaz de garantizar seguridad, libre circulación y acceso a servicios básicos, detalló Pares.
Además, sostuvo que la región del Guamocó permanece bajo control efectivo de estructuras ilegales, que ejercen autoridad a través de la imposición de normas y el control de la infraestructura, como la exigencia a la comunidad de reparar el 50% de la vía entre Arenas Blancas y Bocas de Chicamoque.
Este fenómeno evidencia una forma de control armado que no depende de la ocupación física permanente, sino de la reputación de violencia y la capacidad de castigo. Las comunidades, según Pares, obedecen por supervivencia y no por afinidad, en un entorno donde cualquier desacato puede acarrear represalias graves.
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