La designación de Gabriel Jaime Melguizo Posada como presidente encargado de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) generó inquietudes dentro y fuera de la compañía. Lo anterior, debido a presuntas presiones laborales y movimientos administrativos ligados a la supervisión de contratos internacionales, según alertó el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, que solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar posibles reacomodos de poder.
Entre las denuncias presentadas por la Red de Veedurías, posterior a la salida de Jorge Carrillo y la llegada de nuevas figuras a cargos esenciales de la empresa, figuran movimientos internos asociados con intereses en proyectos energéticos de gran envergadura. Esto causó una fuerte alerta en la entidad, frente a los movimientos laborales y los procesos contractuales en curso de gran importancia que se estarían gestando al interior de la compañía.
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Según información remitida a la organización, el proyecto Ventus, que está relacionado con el sector de energía solar y una inversión estimada de USD2.000 millones, se encuentra en el centro de las inquietudes por su importancia estratégica y por el volumen de recursos comprometidos. En ese sentido, Bustos precisó que existen informes que relacionan a Melguizo con el directivo Juan Emilio Posada, hecho que “ha generado ciertas dudas sobre la transparencia”.
El proyecto Ventus en la mira de la Red de Veedurías
De acuerdo con Bustos, el nombramiento de nuevas figuras en puestos estratégicos, como la supuesta designación de Carlos Duque para la coordinación de procesos contractuales dentro de ISA, contribuye a la incertidumbre sobre la independencia del manejo administrativo. Además, la vicepresidenta de talento organizacional, Karen Medina, fue señalada en las denuncias por su presunta implicación en recientes cambios administrativos que generaron controversia.
El monto de los recursos involucrados figura en el centro de las advertencias. “El proyecto Ventus, que tiene un costo calculado aproximado de cerca de 2.000 millones de dólares, su carácter trascendental, sumado a la gestión misma, ponen en duda la transparencia de este mismo proceso contractual, junto con otros a su vez, como el manejo y vinculación del talento humano”, expresó el presidente de la red, frente a los movimientos que cursan en ISA.
Este monitoreo, desde su perspectiva, resulta fundamental ya que ISA actúa en distintos países y cualquier alteración administrativa puede afectar la coherencia y legalidad en los contratos internacionales.
A su vez, el presidente de la Red añadió que recopilaron reportes de “un ambiente de presión laboral contra algunos trabajadores que venían documentando y vigilando procesos contractuales en diferentes países donde opera ISA”. El dirigente convocó a los organismos de control a verificar posibles casos de acoso laboral, conflictos de interés y presiones irregulares que puedan impactar el clima interno y la integridad en el manejo de recursos.
Red de Veedurías pidió control oficial y garantías procesales
Para justificar la intervención preventiva, la Red de Veedurías sostuvo que la dimensión de las operaciones de ISA y la relevancia de proyectos como Ventus exigen mecanismos de control reforzados que aseguren la “probidad e integridad que demanda el último centavo de los recursos de todos los colombianos”. Pese a que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia, enfatizó que la información disponible requiere una revisión urgente y exhaustiva.
“Lo que está en juego es la transparencia y la independencia técnica de una de las empresas más estratégicas del sector energético colombiano”, afirmó Bustos, que pidió a la Procuraduría activar los procedimientos de verificación, y solicitó analizar los movimientos administrativos recientes y los procesos de contratación no solo compete a la gestión interna de ISA, sino también a la defensa de los intereses asociados al desarrollo y gestión de megaproyectos.
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