Pacientes Colombia aseguró que decreto del Gobierno que traslada a usuarios de EPS podría interrumpir tratamientos de cáncer, VIH y enfermedades raras

El movimiento Pacientes Colombia advirtió que el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, podría poner en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades graves al ordenar el traslado de cerca de 6,5 millones de afiliados a nuevas Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La organización expresó su preocupación por la posible afectación a personas con cáncer, enfermedades raras y VIH, quienes dependen de atención continua y podrían quedar desprotegidas ante la medida.

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De acuerdo con la base de datos de distribución de afiliados, 504 municipios del país contarán únicamente con una EPS autorizada: Nueva EPS. Esta situación elimina la libre elección inmediata de aseguradora en estas zonas y concentra la atención en un solo operador.

El decreto también establece nuevos umbrales mínimos de afiliados para operar y limita el número de EPS según el tamaño poblacional: localidades con menos de 20.000 habitantes solo podrán tener una aseguradora, mientras que en ciudades medianas habrá una reducción significativa de operadores.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, aseguró que la medida es “gravísima”, debido a la situación financiera y operativa de Nueva EPS.

“Hablamos de personas con cáncer, enfermedades raras y VIH que dependen de tratamientos continuos y que, de la noche a la mañana, quedarían en el limbo”, afirmó Silva, criticando además la gestión del sistema bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

Las inquietudes de la organización se suman a denuncias recientes sobre la atención de pacientes oncológicos. La representante a la Cámara Katherine Miranda señaló un posible “cartel del cáncer”, tras reportar que Nueva EPS estaría trasladando pacientes desde ciudades como Cali, Bogotá y Bucaramanga a la Clínica Internacional de Alta Tecnología (Clinaltec) en Ibagué.

Según Miranda, estos traslados incrementan costos operativos y deslocalizan la atención, afectando la calidad y continuidad del tratamiento.

Actualmente, Nueva EPS, bajo intervención estatal, recibiría alrededor de 2,6 millones de nuevos afiliados, lo que implicaría un aumento del 22,6 % en su base de usuarios.

La entidad no presenta estados financieros desde 2023, cuadruplicó su deuda en menos de dos años y acumula cerca de 120.000 tutelas sin respuesta, además de haber tenido cinco cambios de interventor en solo 21 meses.

Frente a estas críticas, el Gobierno Nacional ha defendido el decreto, argumentando que su objetivo es reorganizar el modelo de aseguramiento en salud y garantizar la continuidad de la atención para los usuarios.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la medida busca enfrentar deficiencias estructurales que han afectado a millones de personas y poner a salvo el derecho a la salud, incorporando mecanismos de asignación de afiliados únicamente cuando una EPS no cumple con las condiciones adecuadas de operación.

La entidad rechazó que se trate de traslados masivos e indiscriminados, enfatizando que la intervención responde a criterios de sostenibilidad y organización territorial.

El ministerio aclaró que la asignación de afiliados solo procederá cuando una EPS no demuestre capacidad operativa o financiera suficiente en un territorio determinado, buscando evitar interrupciones en la prestación de servicios de salud.

En palabras de la entidad: “No se trata de un traslado masivo ni arbitrario de usuarios”, y precisó que las asignaciones serán temporales, permitiendo a los afiliados ejercer nuevamente su derecho a la libre escogencia una vez se normalicen las condiciones de atención.

Sobre la competencia en el sector, el Ministerio de Salud aseguró que el decreto no limita la competencia entre EPS, sino que introduce criterios técnicos y objetivos, como análisis de población, capacidad operativa y sostenibilidad financiera.

La Superintendencia de Industria y Comercio evaluó la norma y concluyó que no impone restricciones arbitrarias, sino que responde a un diagnóstico técnico sobre debilidades estructurales y busca fortalecer la estabilidad del sistema en todo el país.

El decreto también establece medidas específicas para reorganizar el aseguramiento, contemplando que solo podrán recibir nuevos afiliados aquellas EPS que cumplan con condiciones operativas, financieras y de red adecuadas.

Además, fija tiempos de preparación obligatorios antes de la recepción de usuarios, evitando impactos negativos en la continuidad de la atención.