Muelle 13 de Buenaventura sigue en disputa entre el Gobierno y un grupo portuario privado

El Muelle 13 del puerto de Buenaventura permanece en el centro de una disputa entre el Gobierno nacional y el grupo portuario privado Ventura Group luego de que se suspendieran sus operaciones por presuntas afectaciones ambientales, según información obtenida por Semana. La decisión se tomó tras evaluaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Las autoridades determinaron que las actividades portuarias en el lugar estaban generando problemas ambientales, incluyendo contaminación, presencia de plagas y sobrecarga en la operación, lo que llevó a la suspensión de las labores en esta infraestructura ubicada en el principal puerto del Pacífico colombiano.

Mientras el Gobierno busca recuperar el control del muelle para destinarlo a actividades relacionadas con la pesca artesanal, el concesionario privado ha presentado acciones legales para oponerse a la decisión, lo que ha prolongado el conflicto sobre el futuro de esta terminal portuaria, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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El cierre del Muelle 13 se produjo luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales realizara inspecciones en las instalaciones portuarias.

Durante las visitas técnicas, la entidad identificó varios problemas relacionados con el manejo ambiental dentro del muelle.

Entre los hallazgos se reportaron situaciones de contaminación, presencia de plagas y el manejo inadecuado de algunos productos almacenados en las instalaciones.

Según las autoridades ambientales, en una de las bodegas de cereales se encontró la presencia de palomas sobre los alimentos almacenados, lo que representaba riesgos sanitarios y ambientales.

Estas irregularidades llevaron a que se adoptaran medidas para suspender las operaciones en el lugar.

La decisión fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, que respaldó la suspensión de actividades en el muelle.

Tras el cierre de la infraestructura, el Muelle 13 pasó a convertirse en el centro de un conflicto entre el Gobierno nacional y el grupo empresarial Ventura Group.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió no prorrogar el contrato de concesión que tenía el grupo privado para operar el muelle.

Desde la perspectiva del Gobierno, la infraestructura debía regresar al control del Estado una vez finalizada la concesión.

El plan del Ejecutivo consiste en transformar el muelle en un espacio destinado a impulsar la pesca artesanal en la región.

Según la administración nacional, esta iniciativa busca fortalecer la economía local y brindar oportunidades a las comunidades pesqueras de Buenaventura.

La propuesta contempla que el lugar sea operado directamente por pescadores artesanales, quienes podrían utilizar la infraestructura para el desarrollo de sus actividades productivas.

No obstante, el grupo Ventura Group ha rechazado esta decisión y ha presentado diferentes demandas para defender su posición.

La empresa argumenta que la suspensión de las operaciones fue arbitraria y que la medida ha generado impactos económicos importantes.

Entre los argumentos presentados por el concesionario se encuentra la afectación a miles de empleos vinculados con las actividades portuarias que se desarrollaban en el muelle.

También se han señalado los sobrecostos operativos que, según el grupo empresarial, han surgido como consecuencia de la suspensión de las operaciones.

Mientras avanza la disputa legal, el puerto de Buenaventura también ha enfrentado tensiones con algunos sectores de la comunidad.

En diferentes momentos se han presentado bloqueos y protestas por parte de grupos que exigen el cumplimiento de acuerdos previamente adquiridos por el Gobierno.

La situación refleja la complejidad del manejo de la infraestructura portuaria en la región, donde confluyen intereses económicos, sociales y ambientales.

El debate sobre el futuro del Muelle 13 también se ha enmarcado en una discusión más amplia sobre la capacidad portuaria del país.

De acuerdo con declaraciones citadas por Semana, Colombia cuenta con una capacidad instalada significativa en sus puertos.

Según explicó la exministra de Transporte María Constanza García en un comunicado del Ministerio publicado en 2025, la capacidad portuaria del país supera ampliamente el nivel de uso actual.

“Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y solo usamos 180 millones. Hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto, que hace todo el sentido cuando hablamos de que hay que modernizarlo”, señaló la exfuncionaria, citada por ese medio de comunicación.

Desde la perspectiva del Gobierno, la suspensión de las operaciones en el Muelle 13 también responde a preocupaciones relacionadas con la protección ambiental y los derechos de la población local.

Las autoridades han señalado que en el lugar se presentaba un “descontrol ambiental” que afectaba el entorno y las condiciones de vida de la comunidad.

Por esa razón, se estableció que la suspensión de las actividades se mantendría mientras no se cumplan las condiciones exigidas por las autoridades ambientales.

Según lo definido por el Gobierno en 2025, la ANLA no levantaría las restricciones sobre el muelle hasta que se resuelvan los problemas identificados durante las inspecciones.