La Defensoría del Pueblo advirtió por medio de un documento oficial la mañana del jueves 5 de marzo de 2026 sobre potenciales escenarios de conflictividad social durante la jornada electoral y en la etapa poselectoral de las elecciones legislativas previstas para el domingo 8 de marzo.
El informe se presentó la mañana del jueves 5 de marzo en Bogotá, y señala que el Observatorio de Conflictividad Social de la entidad identificó 35 eventos de conflicto en Bogotá y 12 departamentos durante los primeros dos meses de 2026, y evidencia un clima de tensión en el periodo preelectoral.
Según el organismo, este monitoreo busca anticipar riesgos y promover la adopción de medidas preventivas que garanticen la protección de los derechos políticos y la estabilidad democrática.
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El reporte de la Defensoría del Pueblo detalla que los hechos registrados ocurrieron en Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, además de Bogotá.
Los conflictos sociales identificados se relacionaron principalmente con acciones contra la oposición política (34%), polarización social entre sectores con posturas políticas divergentes (23%), inscripciones de listas de candidatos (17%) y restricciones al derecho a elegir y ser elegido (14%). Existen otros factores de menor proporción, pero que también contribuyen al ambiente de tensión previo a los comicios.
En cuanto a las formas de manifestación de estos conflictos, la Defensoría del Pueblo informó en su documento que el 46% de los eventos consistieron en plantones y concentraciones.
El 14% correspondió a afectaciones a vallas electorales, el 11% a disturbios o acciones violentas durante manifestaciones públicas, el 9% a daños en sedes de campaña, el 6% a marchas y movilizaciones, otro 6% a sabotajes en actos proselitistas y el 6% restante a otros mecanismos.
A pesar de que la mayoría de estas expresiones se mantuvieron dentro en un tono pacífico, la entidad destacó agresiones, daños materiales, confrontaciones violentas entre simpatizantes y denuncias de intolerancia política en distintas regiones del país. Situaciones que se suman a los atentados que sufrieron los aspirantes al Congreso de la República, María Bolívar (candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico y con el aval del partido ASI —Alianza Social Independiente—); y Mauricio Matri (candidato a la Cámara por Santander del Centro Democrático).
El análisis de la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortiz, advierte que este escenario podría agravarse ante posibles fallas logísticas, restricciones inesperadas en el acceso al voto, decisiones operativas consideradas restrictivas o controversias surgidas durante el escrutinio y la divulgación de resultados.+
Según lo que el organismo puntualizó en su informe: “Estos hechos reflejan un escenario de tensión latente que podría derivar en escalamiento de la conflictividad social”, y en especial si se presentan dificultades adicionales en el desarrollo de la jornada electoral.
El monitoreo identificó factores de riesgo adicionales para la jornada del 8 de marzo, como pronunciamientos públicos sobre un eventual fraude electoral, controversias judiciales con candidaturas, demandas que cuestionen la contabilización de votos en algunas circunscripciones, tensiones en actividades proselitistas, incidentes de seguridad en eventos políticos y convocatorias a movilizaciones sociales o manifestaciones pacíficas.
Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en la antesala de la jornada electoral
La Defensoría recalcó que estas situaciones podrían incidir en la movilidad tanto de ciudadanos como de autoridades electorales y del material electoral, afectando el normal desarrollo de la elección.
En respuesta a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, el Viceministerio de Diálogo Social y los Derechos Humanos, y la Registraduría Nacional.
El organismo instó a fortalecer las acciones de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral, priorizando mecanismos de diálogo, mediación y articulación interinstitucional para atender oportunamente las inconformidades que surjan durante y después de la jornada electoral.
En la parte final del informe, desde la Defensoría se ahondó acerca de la importancia de promover canales de comunicación efectivos entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y actores políticos, con el objetivo de tramitar tempranamente las tensiones territoriales y evitar un aumento de la conflictividad.
Además, se hizo un llamado a partidos, candidaturas y ciudadanía para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral se resuelva exclusivamente a través de los mecanismos institucionales y legales establecidos, en un espacio marcado por el respeto a la diferencia política y la convivencia democrática.
Por último, el organismo también recomendó incorporar un enfoque de género en las medidas de prevención, para evitar que la violencia política basada en género profundice la conflictividad electoral.
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