Infobae Colombia pudo conocer que el mayor Kevin Castaño Flórez, investigador principal en casos de corrupción portuaria y contrabando, logró que se dejara sin efecto su traslado a Arauca, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá concluyera que la Policía Nacional no evaluó correctamente el nivel extraordinario de riesgo al que estaba expuesto.
La decisión obliga al reintegro inmediato de Castaño a su puesto anterior y la adopción de medidas de protección urgentes, que deben implementarse en un plazo máximo de 48 horas.
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Castaño Flórez lideró investigaciones en puertos estratégicos como Cartagena, Buenaventura y Cali, impulsando capturas de oficiales activos y retirados, y llevando a juicio a redes que afectaban la administración pública, incluyendo operaciones vinculadas a alias Papá Pitufo, según consta en el documento.
El Comité de la Policía Nacional había evaluado su riesgo como “extraordinario”, otorgándole protección durante 12 meses hasta febrero de 2026, pero la institución no renovó ni amplió la protección ni suspendió la reasignación, a pesar de la persistencia de las amenazas.
Las presuntas amenazas internas de la Policía
El traslado se materializó el 24 de diciembre de 2025, durante las vacaciones del oficial, bajo la justificación de necesidades del servicio.
Según la información obtenida por este medio, la decisión provocó que ocho funcionarios fueran retirados del grupo investigador encargado de casos complejos de corrupción y contrabando, con similitudes al modus operandi de alias Papá Pitufo, quien fue capturado gracias a las pesquisas lideradas por el mayor.
La expreciencia de los investigadores habían permitido seguir investigaciones en las que bandas delictivas recibían pagos ilícitos, involucrando a servidores públicos en delitos contra la administración.
El fallo judicial revierte una decisión anterior que había negado la tutela presentada por el mayor Castaño y subraya que el traslado a Arauca, una región catalogada por la Defensoría del Pueblo como de riesgo extremo por la presencia de grupos armados ilegales, se ejecutó sin un análisis adecuado de las circunstancias especiales de seguridad del uniformado.
La magistrada ponente, Xenia Rocío Trujillo Hernández, calificó la decisión como una medida que “maximiza los riesgos para su vida” y que no contempló el contexto de amenazas previas ni la notoriedad mediática del caso.
¿Pipe Tuluá y Papá Pitufo?
Infobae Colombia pudo conocer que, durante los años anteriores, los funcionarios ya habían enfrentado situaciones de riesgo extremo.
En octubre de 2024, un informe de inteligencia habría reportado que La Inmaculada, dirigida por el ahora extraditado Pipe Tuluá, intentó establecer contacto con alias Papá Pitufo a través de un intermediario legal, en operaciones por cerca de mil millones de pesos, con la intención de atentar directamente contra la vida de uno de los ocho funcionarios.
En noviembre de 2025, se registraron mensajes amenazantes dirigidos a las vícitimas, advirtiendo que su traslado afectaría su seguridad y las de sus familias. El traslado en diciembre consolidó los riesgos a los que estaban expuesto, en un entorno donde la presencia de grupos armados ilegales es alta.
El tribunal halló que la resolución de traslado no admitía recursos administrativos, dejando al oficial sin posibilidad de oponerse al cambio a través de vías internas, y señaló que la Policía no realizó una actualización de su nivel de riesgo bajo el argumento de que el oficial no había acudido a entrevistas programadas, las cuales coincidieron con su periodo vacacional.
La corte calificó como injustificada esta atribución de responsabilidad al investigador.
Reintegro y suspensión de traspaso
La decisión judicial enfatiza que la Policía Nacional tiene la obligación constitucional de proteger la vida e integridad de sus funcionarios, especialmente de aquellos que enfrentan amenazas derivadas de investigaciones de alto impacto.
Asimismo, resalta la necesidad de medidas inmediatas de protección, coordinadas con el oficial y basadas en un estudio actualizado del nivel de riesgo, para garantizar que su labor continúe sin represalias ni obstáculos.
El medio también pudo conocer que, en algunos casos, los estudios de riesgo elaborados por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) se han calificado como “ordinarios”, dejando de lado amenazas graves y situaciones de riesgo real que enfrentan los funcionarios.
Esta clasificación reduce la posibilidad de que los investigadores puedan acudir a vías constitucionales para exigir protección efectiva, pese a que su labor los expone a peligros extraordinarios y amenazas concretas derivadas de su trabajo en investigaciones de alto impacto.
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