El resultado de la confrontación armada en la región del Catatumbo ha dejado un saldo alarmante: 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado de 87 personas. Estas cifras surgen tras una estrategia de investigación impulsada por la Fiscalía General de la Nación en respuesta a la ola de violencia registrada entre enero y abril de 2025.
Las autoridades lograron recolectar pruebas que implican a los máximos responsables de las disidencias de las Farc en la zona, quienes supuestamente dieron la orden de enfrentar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y avanzar en el control territorial de municipios como Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en el norte de Santander.
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En una audiencia virtual realizada ante un juez de control de garantías en Cúcuta, el cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa García, conocido como “Jhon Mechas”, junto a los responsables político y financiero del frente 33, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, enfrentaron la imputación de graves delitos.
La Fiscalía los acusa de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado, según la posible participación de cada uno en estos hechos. Los cargos no fueron aceptados por los tres imputados.
De acuerdo con la fiscal asignada al caso, así habrían procedido con el reclutamiento de menores de edad: “Se logró evidenciar que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado para la zona, se reclutaron menores de dieciocho años, los cuales fueron utilizados para participar directamente en las hostilidades y en las acciones armadas [ininteligible] desde el día 16 de enero del 2025 a la fecha.
Se acreditó entonces que integrantes del Gaor frente 33, estructura que dirigen los-- aquí ustedes los procesados, pues procedieron a reclutamiento ilícito de personas menores de dieciocho años de edad, quienes fueron vinculadas a la organización armada y utilizadas para participar directa y activamente en estas hostilidades en desarrollo del conflicto armado que opera en la región del Catatumbo desde antes del 16 de enero del 2025 y que se intensificó con la confrontación abierta y sostenida contra el grupo armado organizado ELN a partir de esa fecha".
Según los elementos de prueba reunidos, estas personas habrían instruido a sus estructuras armadas para tomar el control total de los territorios señalados, recurriendo al uso de armas y actividades ilícitas para financiar sus operaciones.
Las acciones violentas perpetradas por el grupo habrían generado “miedo y zozobra en la comunidad”, según la Fiscalía. El análisis de denuncias, investigaciones y estudios criminológicos permitió identificar el número de víctimas y afectados.
De acuerdo con la información suministrada por el ente investigativo, la confrontación entre las disidencias de las Farc y el ELN en Catatumbo durante el primer cuatrimestre de 2025 derivó en una serie de delitos que involucraron a menores de edad y forzaron a decenas de personas a abandonar sus hogares.
La investigación penal contra los tres cabecillas se desarrolla bajo la Directiva N°003 de 2025, que establece que la gestión de audiencias continuará sin importar si los investigados tienen suspendidas las órdenes de captura.
De este modo, quienes se benefician de la suspensión serán citados a los trámites judiciales por medio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin que esto implique su detención.
Las autoridades reiteran que la publicación de estos avances responde a un interés general y forma parte del compromiso de la Fiscalía General de la Nación con la acción penal y la protección de los derechos humanos en regiones afectadas por la violencia armada.
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