El 3 de marzo de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado a la ciudadanía a impugnar las mesas de votación en los comicios del próximo 8 de marzo con el fin de evitar un posible fraude.
La iniciativa, que recibió críticas, fue respaldada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. A su juicio, constituye una alternativa viable para garantizar que los colombianos ejerzan el derecho al voto de manera oportuna.
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“(...)el presidente diciendo de impugnar como si fuera larín, larán. No, señor, el presidente dice impugnar cada vez que haya una falla. El presidente no está llamando a mamar gallo ni al desorden, sino a que haya unas, unas, unas elecciones mucho más vigiladas”, expuso el titular de la cartera en rueda de prensa.
A criterio del ministro, sería valioso impugnar las mesas de votación si hay errores o diferencia entre el número de votos y las personas que votaron, inconsistencias en los formularios E-14, entre otros.
“Que haya, por ejemplo, una diferencia entre el número de votos y la persona que se votó, que haya dos equis, que el E-14 no esté debidamente con base en las personas que votaron por ese partido o lo que se contó. Todos esos casos son para impugnación”, insistió Armando Benedetti.
Los detalles de la propuesta de Petro para las elecciones del 8 de marzo
El presidente Gustavo Petro anunció una estrategia integral para proteger las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, articulando tres ejes: operativos policiales específicos, rastreo financiero digital y la promoción de una impugnación masiva de mesas de votación.
Su propuesta busca desmantelar las redes de compra de votos, un fenómeno que, según el mandatario, persiste debido a la vulnerabilidad del sistema de escrutinio y la predominancia de interés privado en el manejo de la tecnología electoral.
Durante su intervención, Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional rastreará operaciones en plataformas como Nequi y Daviplata para identificar pagos vinculados a la compra de votos. El jefe de Estado aseguró que la masificación de estos servicios en zonas rurales y semiurbanas facilitó la expansión de redes clientelares, convirtiendo la trazabilidad de las transferencias electrónicas en una herramienta para la investigación penal.
Así mismo, especificó que la nueva política evaluará el desempeño de los oficiales de Policía Nacional con base en el número de capturas por delitos electorales y la tasa de homicidios en sus jurisdicciones. Esto introduce, por primera vez, la protección efectiva del voto como criterio de carrera dentro de la institución policial.
En paralelo, Petro recordó que el sistema electoral opera desde 2018 en desacato a una sentencia del Consejo de Estado. Esta decisión judicial había ordenado a la organización electoral adquirir un software propio y auditable para el preconteo, mandato que no se ha cumplido.
Según el mandatario colombiano, actualmente el 92% de la tecnología electoral está controlada por una empresa privada, Thomas Greg & Sons, sin que exista una auditoría técnica independiente, y con un contrato vigente por $2,75 billones.
El presidente instó de manera directa a los testigos electorales para que, el día de los comicios, impugnen la mayor cantidad posible de mesas donde detecten inconsistencias. Petro citó la experiencia de los comicios de 2022, cuando la apertura de urnas impugnadas recuperó más de 500.000 votos que habían sido omitidos del preconteo en perjuicio de su coalición.
Al final de su mensaje, Petro dirigió un llamado a la ciudadanía a no vender el voto y ejercerlo en libertad. Describió la compra de votos como “el mecanismo por el cual las redes de poder tradicional garantizan su reproducción electoral al margen de la voluntad popular”.
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