Petro solicitó a la Fiscalía actuar tras la denuncia en video que calificó como “violencia política” contra una de sus simpatizantes en Montería

Una joven denunció haber sido agredida y obligada a abandonar un apartamento en el barrio El Recreo de Montería, tras ser identificada como simpatizante del presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía General de la Nación investiga el episodio luego de que el mismo mandatario de los colombianos se pronunciara a través de dos mensajes que compartió desde su cuenta de X la mañana del 3 de marzo de 2026, además de publicar uno de los videos de cámaras de seguridad del lugar, que replicó el activista José Luis Berrocal ese mismo día.

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“Le solicito a @FiscaliaCol la investigación de este hecho de violencia política en el barrio El Recreo de Montería”, inicia la primera publicación del jefe de Estado.

Todo se dio como señala la publicación que replicó el mismo Petro: “Escándalo social y político en el exclusivo barrio El Recreo de Montería. Lucy Charry y su esposo Luis Sebastián Martínez, según denuncias ya en Fiscalía, habrían agredido de manera violenta a una joven, sacándola de un vehículo y golpeándola mientras le gritaban “perra petrista” y se proclamaban abelardistas", inicia la denuncia por parte de Berrocal.

En los detalles que se precisaron sobre el hecho, el activista político agregó que “en el mismo caso estarían señalados porteros del edificio Marqués de Sevilla y el administrador Hernán Botero, quien presuntamente también intentó agredirla”.

La gravedad de los señalamientos llegó al punto que Berrocal escribió: “Incluso, la administración le habría pedido a la víctima desocupar el apartamento porque ‘allí no pueden vivir petristas’“.

Por todo lo anterior, el activista denunció el hecho en redes sociales, y agregó que “si estos hechos se confirman, estamos ante algo gravísimo: persecución política, violencia y abuso en pleno corazón de Montería”.

En su reflexión final, Berrocal hizo un llamado a la reflexión: “La diferencia ideológica no puede convertirse en excusa para humillar, golpear o expulsar a nadie. La política en Córdoba no puede seguir cruzando la línea del fanatismo. Montería necesita garantías, respeto y autoridad”.

Por todo lo anterior, el mandatario recalcó en su primera publicación que “el acto de violencia contra una mujer debe ser investigado y si es el caso, castigado de manera ejemplar”.

Acto seguido, dos horas después el mandatario volvió a mencionar el caso que calificó como “violencia política” y volvió a pedir acciones inmediatas por parte del ente investigador.

“Con esta violencia atacaron estás personas ya identificadas a una mujer por defenderme. Esto es violencia política y delito. Exijo de la @FiscaliaCol acción inmediata”, añadió el jefe de Estado.

Según lo que se observa en el registro de las cámaras de seguridad, los hechos se presentaron el 22 de febrero de 2026, más de una semana atrás de que el mandatario hiciera pública su petición a la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo.

En el expediente presentado a la Fiscalía, se señala que la joven fue retirada de un vehículo y recibió insultos vinculados a su postura política, agregó el portal regional Chica Noticias.

De momento las autoridades en cabeza de la Fiscalía no han emitido comunicación oficial sobre cómo avanzan las pesquisas en este caso.

En Colombia, el delito de violencia política abarca actos de intimidación, agresión o ataques físicos o verbales contra individuos o colectivos motivados por su participación u opiniones en asuntos políticos.

Entre las consecuencias, las autoridades contemplan acciones legales penales, la imposición de sanciones administrativas, el otorgamiento de medidas de protección y seguridad para los afectados y la aplicación de sanciones adicionales por vulnerar los derechos políticos y la convivencia pacífica.

El caso vuelve a poner en el centro del tablero las disputas entre la ciudadanía y la falta de tolerancia por pensar distinto en la antesala de lo que serán las elecciones legislativas.