Miles de empleos y de pequeñas empresas se verán en problemas por aranceles entre Colombia y Ecuador: esta sería la solución

La escalada de aranceles entre Colombia y Ecuador intensificó la tensión comercial, luego de que ambos gobiernos elevaran los gravámenes al 50% sobre más de 190 subpartidas de productos. La situación impacta la estabilidad de empresas, el empleo y las cadenas productivas en la región, según advirtieron la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, luego del desarrollo del Consejo Consultivo Empresarial Andino.

La imposición de estos aranceles afecta a sectores clave como alimentos, agroindustria e industria química, lo que pone en riesgo la competitividad, las exportaciones y el empleo para miles de empresas y trabajadores. La crisis incluye un volumen comercial que en 2025 representó USD1.529 millones en exportaciones y un superávit de USD849 millones, con un total de 2.667 empresas colombianas involucradas y ventas anuales en peligro por entre USD400 y USD500 millones, lo que evidencia la magnitud de la afectación para la economía regional y el comercio bilateral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conflicto comenzó cuando Ecuador justificó la decisión de fijar un arancel del 50% a productos colombianos, luego de señalar presuntas deficiencias en el control fronterizo a cargo de Colombia. Días después, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respondió al elevar los propios aranceles del 30% al 50% sobre importaciones de Ecuador, lo que amplió el número de subpartidas afectadas a más de 190, incluidos bienes como sal, azufre, arroz, cacao, azúcar de caña y fríjol. También restringió el ingreso terrestre de productos como arroz, pescado y camarones en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.

Como resultado, sectores como alimentos, industria química, plásticos, textiles, calzado, cuero y bienes intermedios están entre los más impactados. Para los empresarios, el encarecimiento de estos insumos reduce la competitividad nacional y podría aumentar la inflación en alimentos. La ampliación de productos afectados compromete particularmente a más de 3.000 subpartidas con un riesgo señalado en las ventas anuales de USD400 a USD500 millones.

Efectos sobre mipymes, empleo y comercio formal

Los sectores empresarial y productivo alertaron que la subida arancelaria pone en peligro la viabilidad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, cuya actividad se concentra en bienes no minero-energéticos y en operaciones fronterizas. Estas empresas sustentan empleos formales y cadenas productivas fundamentales para la estabilidad regional.

Para Acopi, la imposición del arancel “afecta la competitividad inmediata de nuestros productos, pone en riesgo contratos vigentes, altera cadenas logísticas en la frontera y compromete la estabilidad laboral de miles de trabajadores que dependen de estas operaciones comerciales”. A su vez, Jaime Cabal considera que el aumento abrupto de los costos de acceso hace inviables numerosas operaciones, reduce márgenes y frena inversiones, “afectando el flujo normal del comercio formal”.

Ambos actores advirtieron que el mantenimiento de la medida incentiva la informalidad, el contrabando y la proliferación de canales ilegales, en especial, en las zonas fronterizas. Las consecuencias alcanzan a hogares, pequeños comercios y empresas, donde la reducción en la oferta y el aumento de los precios generan un ambiente de incertidumbre económica.

Qué piden las pequeñas empresas frente a la crisis arancelaria

La Acopi, gremio que preside María Elena Ospina, hizo un llamado urgente para que los gobiernos desescalen los aranceles y protejan la actividad de las mipymes y el empleo. Según la asociación, Ecuador es históricamente uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región. Y es que, una parte significativa de las exportaciones hacia ese país corresponde a bienes no minero-energéticos —manufacturas, agroalimentos, productos químicos, textiles, cosméticos, medicamentos y alimentos procesados—, sectores donde la participación de mipymes es determinante y donde el empleo es intensivo.

Dentro de las propuestas del gremio figuran:

• Desescalar de manera inmediata la medida, estableciendo una moratoria temporal mientras se activan mecanismos de diálogo técnico.
• Instalar una mesa bilateral de alto nivel con participación de autoridades comerciales, aduaneras y representantes del sector productivo, con un cronograma claro y de rápida ejecución.
• Evaluar la creación de una lista de exclusiones o tratamientos diferenciales temporales para bienes esenciales, insumos productivos y sectores con alta generación de empleo mipyme.
• Utilizar los mecanismos institucionales y regionales de solución de controversias, privilegiando el diálogo sobre medidas generalizadas que afectan al sector empresarial formal.
• Implementar en Colombia un plan de mitigación inmediato para las mipymes exportadoras, que incluya líneas especiales de crédito, apoyo a la diversificación de mercados y acompañamiento en inteligencia comercial.

Propuestas desde el sector empresarial

De acuerdo con Jaime Cabal, el impacto de la escalada arancelaria va más allá de lo económico y amenaza la estabilidad de una relación esencial para empresas y consumidores. “La controversia actual trasciende lo comercial y pone en riesgo la estabilidad de una relación que impacta empresas, consumidores y regiones enteras”, afirmó.

Cabal resaltó que en 2025 el comercio bilateral involucró a 2.667 empresas colombianas exportando más de 3.000 subpartidas a Ecuador, con un superávit de USD849 millones y exportaciones por USD1.529 millones. “El comercio bilateral no se mide solo en cifras, sino en la diversidad de empresas involucradas”, apuntó al destacar la relevancia de Antioquia, Valle y Cundinamarca en el dinamismo exportador.

En cuanto a las pérdidas potenciales, señaló que “el nuevo arancel vuelve inviable comercialmente una gran parte de los productos, poniendo en riesgo ventas anuales de entre USD400 y USD500 millones”. El dirigente recomendó restituir cuanto antes el diálogo diplomático, separar las agendas de seguridad y comercio, y emplear los mecanismos andinos de integración para solucionar el conflicto de forma técnica.

“Toda medida que altere la normalidad comercial debe evaluarse por su impacto real en la formalidad, el empleo y la estabilidad social, más allá de su efecto diplomático”, insistió. Pidió enviar señales de confianza a empresarios, inversionistas y trabajadores, para recuperar el flujo comercial y la cooperación institucional.