La expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Gobierno nacional, que modifica las reglas para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional, desató una fuerte respuesta desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
El gremio advirtió que la norma representa “serios desafíos para la operación del sistema de salud” y destacó la “fragilidad operativa y financiera de las EPS intervenidas”, lo que, en su análisis, hace que “una redistribución masiva de afiliados tiene altísimos riesgos de afectar la continuidad y la oportunidad en la atención de los pacientes”.
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Según el comunicado, el decreto reproduce la finalidad del anterior Decreto 0885 de 2025, suspendido por el Consejo de Estado en octubre de 2025, “constituyéndose en un desacato al fallo judicial y por eso mismo ilegal”.
Acemi sostuvo que, bajo las nuevas normas, las EPS solo podrán operar en los territorios donde cumplan porcentualmente con el número de afiliados requeridos.
“Al aplicarse estas normas de habilitación suceden tres efectos: el retiro de algunas EPS de algunos municipios donde no cumplen con el porcentaje mínimo requerido; la asignación de nueva población a algunas EPS, en ciertos municipios donde cuentan con mayor población afiliada; la mayor concentración de usuarios en Nueva EPS, que se consolida como el gran operador del aseguramiento en todo el territorio nacional”, señaló puntualmente el comunicado.
El gremio anotó que la “territorialización del aseguramiento es razonable bajo criterios de eficiencia y capacidad de atención a la población”, pero insistió que “esta, que es una modificación estructural a las reglas de operación del sistema, solo puede tramitarse por ley”.
Acemi reiteró en que la fragmentación actual del aseguramiento y la heterogeneidad de los operadores –ocho EPS bajo medida de intervención con más de 24 millones de afiliados y resultados financieros críticos– impiden que la redistribución de afiliados se realice bajo condiciones de balance operativo entre las entidades que ceden y las que reciben población.
“Esto tiene grave afectación para millones de usuarios que podrán ser trasladados de EPS donde son atendidos en la actualidad, a EPS que tienen serias dificultades, como es el caso de la Nueva EPS”, recalcó el gremio que, según sus cálculos, aplicando las nuevas normas, Nueva EPS, que hoy tiene más de 11,5 millones de afiliados, recibiría 2,6 millones de nuevos afiliados, es decir, un incremento del 22,6%.
Sobre esta entidad, el documento apuntó: “Una EPS cuya situación financiera se desconoce, que no ha presentado estados financieros desde 2023 y diariamente demuestra su incapacidad de atender a sus afiliados, dificultades con la red de prestación, demoras en la entrega de medicamentos, atenciones y procedimientos, no tiene desde ningún punto de vista la capacidad de recibir nuevos usuarios y garantizarles el correcto y oportuno acceso a los servicios de salud”.
Acemi también alertó que “igual situación se observa en EPS intervenidas que tendrán incrementos cercanos al 40% en el número de usuarios”, mientras que “en el caso de las EPS de Acemi, que no tienen medida de intervención, perderán más de 800.000 usuarios según cálculos adelantados por el gremio”.
La organización sostuvo que el sistema de salud “requiere medidas urgentes de estabilización”. Y agregó: “Hay que detener el sufrimiento de miles de pacientes y familias que hoy no están siendo atendidas. Hay que prevenir un daño mayor. El decreto expedido en las condiciones actuales profundiza la crisis y expone a las EPS a un riesgo operativo mayor que las puede llevar al colapso. Las entidades intervenidas no están preparadas operativa ni financieramente para recibir más usuarios”.
Finalmente, Acemi anunció: “Insistiremos en las rutas de defensa legal frente a lo que consideramos, como muchos otros actores, es un daño material e insostenible para el ya deteriorado sistema de salud de los colombianos”.
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