Traslado de $25 billones desde las AFP a Colpensiones generaría riesgos para las pensiones futuras de los colombianos, advirtió Anif

El traslado inmediato de 25 billones de pesos desde los fondos privados administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, propuesto en un borrador de decreto del Ministerio del Trabajo, podría comprometer la sostenibilidad del sistema pensional y generar mayor presión fiscal a futuro, según la advertencia emitida por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

La medida implicaría utilizar recursos actualmente destinados al ahorro de pensiones futuras para cubrir pagos presentes, acelerando el agotamiento de los fondos de reserva y obligando al Estado a cubrir el faltante con recursos presupuestales en los próximos años.

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La propuesta ministerial exigiría a las AFP transferir en un plazo de 15 días, tras la firma del decreto, todos los ahorros acumulados por los afiliados que hayan optado por trasladarse a Colpensiones, sin que importe si ya cumplen los requisitos de pensión.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de Anif, esta transferencia inmediata representa una suma cercana a 25 billones de pesos.

“Desde Anif advertimos que la medida planteada en el borrador tendría efectos negativos en el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas”, dice el comunicado emitido por Anif.

De ese total, cerca del 70% —aproximadamente 17,5 billones— está invertido en títulos de deuda pública, una cifra que equivale a casi un tercio de la colocación anual prevista por el Gobierno en ese mercado, que se sitúa alrededor de 60 billones.

Ante la obligación de liquidar rápidamente estos activos, se produciría una oferta masiva en el mercado de deuda, presionando a la baja los precios de los títulos.

Como resultado, las tasas de interés subirían y aumentarían los costos de endeudamiento para el Estado en un contexto en que el pago de la deuda ya supone una carga significativa en el Presupuesto General de la Nación.

Según Anif, la medida iría más allá de su efecto inmediato en el mercado de capitales. Al utilizar los fondos destinados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc) —instrumento central para financiar las pensiones futuras de los trabajadores con ingresos hasta 2,3 salarios mínimos— para cubrir obligaciones ya exigibles, se vaciaría más rápido este instrumento.

El centro de estudios advierte que, cuando el Fapc se quede sin recursos, la diferencia tendría que solventarse con el Presupuesto General de la Nación, lo que podría derivar en necesidades de mayores ingresos tributarios o recortes en el gasto público.

Así mismo, detalla que los recursos transferidos ingresarían directamente a Colpensiones para financiar el pago de mesadas actuales, sin destinarse a reservas para obligaciones futuras. Esta dinámica temporal reduciría la necesidad de transferencias presupuestales en el corto plazo y ofrecería liquidez al Gobierno Nacional en el presente, pero trasladaría presiones fiscales al futuro.

El análisis jurídico presentado por Anif resalta una contradicción fundamental entre el borrador de decreto y la Ley 2381 de 2024, cuyo artículo 76, no suspendido por la Corte Constitucional, establece que los fondos acumulados en cuentas individuales deben continuar bajo administración de las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.

La disposición legal se mantiene vigente y no podría ser modificada mediante un decreto, explicó el centro de estudios, lo que introduce un potencial conflicto normativo si la medida es adoptada por el ejecutivo.

De acuerdo con el mismo artículo, las mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y los hombres con 900 semanas, a quienes les falten diez años o menos para pensionarse, pueden trasladarse a Colpensiones en los dos años siguientes a la promulgación de la ley, pero el ahorro individual debe permanecer en las AFP hasta el cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Actualmente, a pesar de que la Corte Constitucional suspendió buena parte de la reforma pensional, esa regla se mantiene activa.

El informe que incluye el estudio “El Efecto de la Reforma Pensional sobre el Mercado de Capitales en Colombia”, subraya que los recursos provenientes de traslados representan un elemento clave en la etapa inicial del sistema pensional ajustado a la nueva ley, pues permiten acumular fondos en el Fapc antes del inicio de la fase de desacumulación vinculada al envejecimiento de la población.

“De acuerdo con nuestro estudio “El Efecto de la Reforma Pensional sobre el Mercado de Capitales en Colombia”, los recursos provenientes de los traslados cumplen un papel fundamental en la etapa inicial del sistema, pues permiten acumular ahorro en el Fapc antes de que se materialice la etapa de desacumulación asociada al envejecimiento de la población trasladada”, se añade en el documento.

Sin estos fondos, advierte el análisis, el Fapc agotaría sus reservas en un plazo considerablemente más corto, con impacto directo sobre la estabilidad del sistema y la sostenibilidad fiscal.

Las preocupaciones de Anif giran en torno tanto a la responsabilidad fiscal como a la garantía del pago de pensiones a futuro, al considerar que la liberalización de recursos para cubrir gastos presentes solo dilataría el problema y cargaría sobre las generaciones venideras el costo de un ajuste mayor, con posibles aumentos de impuestos o reducciones del gasto público como única alternativa.

El escenario planteado pone el foco en una tensión central para la política pública, donde la gestión presente de recursos del sistema pensional compromete su viabilidad de largo plazo y la estabilidad financiera del Estado colombiano.