El Gobierno de Colombia estudia la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidos como Los Pachenca, en medio de una escalada de violencia que ya provocó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona y desplazamientos forzados en la Sierra Nevada y Aracataca, en el departamento de Magdalena.
Así lo dio a conocer Mauricio Silva, jefe de la delegación gubernamental en el proceso con el grupo armado, al mencionar que esta solicitud esta sujeta a un acto jurídico formal que la establezca, recalcando que no existe en la actualidad.
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“Estamos haciendo transformaciones territoriales, quisiéramos avanzar hacia la ZUT. En eso estamos trabajando. En avanzar lo más que se pueda hasta que exista un marco jurídico”, indicó el funcionario en declaraciones a Colombia+20 de El Espectador.
La propuesta busca que estas zonas sirvan como escenarios de tránsito hacia la vida civil para grupos armados negociadores, pero —según el propio Silva— aún no han comenzado a implementarse en la práctica.
Hasta la fecha, el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado seis Zonas de Ubicación Temporal, distribuidas entre distintos actores armados: tres pactadas con el Clan del Golfo en los departamentos de Córdoba y Chocó; dos con la disidencia denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), en Putumayo y Nariño; y una adicional con la disidencia Calarcá Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf) en Catatumbo. Pese a los anuncios, ninguna ZUT está operativa.
El contexto de estos anuncios es el recrudecimiento del conflicto armado en el norte del país. La reciente confrontación entre las Acsn y el Clan del Golfo en Aracataca y la Sierra Nevada ha derivado en amenazas directas, desplazamientos masivos de población civil y una crisis de orden público.
En este marco, la administración del Parque Tayrona decidió el cierre total para visitantes debido al riesgo, una medida inédita tomada por razones de seguridad.
Al respecto, el jefe negociador afirmó a Caracol Radio W que no existen pruebas judiciales concluyentes que responsabilicen directamente a dicha organización ilegal de estos hechos, admitió que persiste un clima de inseguridad y control territorial ejercido por grupos armados en la Sierra Nevada.
“Es una tarea de CTI, Policía y Fiscalía, quienes tienen de misionalidad la investigación (...) Hay gente que dice tener respaldo del grupo (Acsn), pero cuando uno habla con ellos dicen que no tienen ni idea. Dicen que no tienen nada que ver”, indicó a la cadena radial.
Primer acuerdo entre las partes
Los diálogos entre el Gobierno colombiano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) dieron un paso fundamental, tras conocerse una documento en la que se suscribieron varios acuerdos para evitar el recrudecimiento de la violencia en la región Caribe.
En el documento firmado el 18 de febrero de 2026, el grupo armado pactaron la defensa de la vida, el fin de los homicidios y la renuncia a actos de crueldad contra la población civil. Entre los acuerdos más relevantes figura la renuncia expresa al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
El representante del Gobierno en estas negociaciones, Mauricio Silva, explicó que el grupo condiciona su desmovilización a la eliminación de acciones hostiles de la Fuerza Pública, como respuesta a los frecuentes operativos militares que han causado bajas en su estructura. Silva puntualizó el arraigo local de la mayoría de sus integrantes, quienes mantienen vínculos familiares con la región.
Entre los pedidos fundamentales, la organización subraya que la justicia debería contemplar sentencias “como las planteadas en el proyecto que presentó el Gobierno al Congreso, que son entre cinco y ocho años”, rechazando la posibilidad de aceptar condenas de 25 años.
Silva manifestó que el grupo se mostró dispuesto a entregar “la gobernanza de cuarenta años, todos los fusiles, nos sometemos a la justicia y a cambio de eso, pues usted no me puede ofrecer 25 años de cárcel”.
Así mismo, el acuerdo estipula la creación de comisiones y grupos de trabajo integrados por organismos nacionales y autoridades judiciales, cuya meta es facilitar la implementación de los compromisos alcanzados.
Un punto determinante es la desvinculación inmediata de menores identificados en las filas del grupo, quienes serán puestos a disposición de las autoridades civiles para el restablecimiento de sus derechos.
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