Empresas colombianas mostraron todo lo que se desplomaría de precio por medida del Gobierno Petro con el ahorro pensional

El Gobierno de Gustavo Petro avanza con un proyecto que contempla el traslado de fondos de pensiones privados a Colpensiones por aproximadamente $25 billones en solo 15 días. La iniciativa generó controversia por las posibles implicaciones en el sistema financiero y en el futuro del ahorro pensional. Diversos actores empresariales, técnicos y políticos señalaron riesgos económicos y legales en torno a la medida.

El borrador plantea transferir los recursos de las cuentas individuales gestionadas por los fondos privados hacia Colpensiones en un periodo muy corto, justificando la urgencia por necesidades de flujo de caja y ajustes administrativos. El proceso se produce aún con la incertidumbre sobre el futuro de la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional y el auto 481 de 2025 de la Corte Constitucional, lo que agrega complejidad al contexto jurídico.

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El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó dudas fundamentales sobre el proyecto:

1. ¿Sabe el Gobierno que para poder trasladar ese inmenso monto, lo fondos tienen que salir a vender (rematar) inversiones dentro de las cuales el principal activo es deuda de la nación?
2. ¿Sabe el Gobierno que cuando se sale a rematar desesperadamente un activo el precio del mismo se desploma?
3. ¿Sabe el Gobierno que cuando se desploma el valor de un activo financiero, la tasa de interés se aumenta consecuentemente?
4. ¿Sabe el Gobierno que el efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación, aumentando el costo financiero de la deuda colombiana y que ya se consume más del 25% del presupuesto nacional?
5. ¿Qué piensa hacer el Gobierno nacional con esos 25 billones de pesos, que dejarán de transferir a Colpensiones?
6. ¿Considera el Gobierno que esa es una decisión que puede a nombre de todos los colombianos en forma arbitraria ?
7. ¿Por qué se hace esto justamente en momento electoral? Bueno esta pregunta no es necesario que la contesten …
8. Por último, ¿es importante para el Gobierno que el decreto vaya en contra de la Ley 2381 de 2024, y del auto 481 de 2025 de la Corte Constitucional?

El dirigente gremial señaló que el resultado sería un aumento en el costo de la deuda nacional. “El efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación, aumentando el costo financiero de la deuda colombiana y que ya se consume más del 25% del presupuesto nacional”, señaló.

Para Mac Master, la coyuntura política también estaría influyendo en la urgencia del decreto, lo que podría generar contradicciones legales si se aprueba en su forma actual.

Preocupaciones fiscales y sectoriales

El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño advirtió sobre las consecuencias estructurales para las finanzas estatales. Calificó la propuesta como “estocada hasta la empuñadura del gobierno de Gustavo Petro a la economía colombiana”.

Londoño afirmó que el Gobierno “pretende adueñarse para financiar el presupuesto de $25 billones del ahorro individual de pensiones creando un hueco fiscal para el futuro de inmensas proporciones con un problema adicional que consiste en liquidar activos que encarecerán la deuda pública”.

Señaló que se impuso un impuesto sobre el patrimonio que contradice las normas tributarias, con “una tarifa confiscatoria para el sector financiero y para el sector extractivo que aumenta el costo del crédito y le pone la lápida al sector extractivo que atraviesa uno de sus peores momentos (sic)”.

A su juicio, la imposición de gravámenes adicionales sobre las empresas generadoras de energía encarecería los precios para los consumidores y agravaría el estado de sectores económicos en crisis. Londoño recordó que el país ha perdido autosuficiencia energética y concluyó. “Todo mal. Así o más claro?”, finalizó.

Críticas legales y defensa del ahorro pensional

Desde el ámbito legislativo, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, manifestó reservas ante la compatibilidad legal de la medida.

“Anticipar ese traslado libera caja al Gobierno y abre la puerta a que el ahorro de la vejez termine financiando gasto público corriente. Lo advertimos en el debate y por eso propusimos reglas y plazos estrictos para blindar esos recursos”, apuntó. Hurtado insistió en que “el ahorro pensional no es caja menor del Estado. Es un derecho de los trabajadores y debe respetarse”.

Resaltó la importancia de preservar la confianza en el sistema y proteger los fondos de los afiliados frente a posibles usos contrarios al espíritu de la ley.

Las AFP tienen con qué

Desde el campo técnico y regulatorio también se han lanzado advertencias sobre los riesgos de la medida. Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), remarcó los peligros de tomar decisiones apresuradas. “Sé cómo se comporta el mercado de capitales y lo peligroso de decisiones no calculadas”, advirtió.

Higuera comentó que, durante conversaciones con el ministro Germán Ávila, expresó su inquietud por los efectos de volver líquidas grandes sumas en poco tiempo, lo que pondría en riesgo los precios de los activos financieros. Según relató, la respuesta fue: “Las AFP tienen con qué”.

Reiteró que la institucionalidad del país podría verse comprometida si la medida se ejecuta sin estudios rigurosos, lo que dejaría en evidencia la fragilidad en los mecanismos reguladores y la vulnerabilidad del ahorro individual.