Contraloría abrió investigación sobre 91 contratos firmados por el Icbf durante la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República inició una actuación de control fiscal tras la denuncia presentada por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, sobre la presunta contratación irregular de 91 contratos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que comenzó a regir a partir del 8 de noviembre de 2025.

La información fue confirmada a Pedraza, que publicó un documento firmado por Nivaldo Hernán Onatra Campo, jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, Pedraza escribió: “Gracias a nuestra denuncia, la Contraloría abrió investigación. (..) No se puede jugar con la niñez ni con los recursos públicos destinados a su bienestar. Seguiremos vigilando“.

El contexto de la denuncia surge en medio de cuestionamientos sobre la contratación pública del Gobierno nacional. Según Pedraza, el Icbf habría iniciado 12 contratos completamente nuevos, por un valor de $25.812 millones, fuera lo permitido por la Ley de Garantías, mientras que otros 79 contratos fueron prórrogas de procesos iniciados previamente.

Prórrogas y nuevos contratos

La representante explicó que los 79 contratos con prórroga estaban vinculados a procesos contractuales que no pudieron finalizar antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, debido a fallas en la plataforma Secop II. “Hasta ahí, todo sería legal y con el propósito claro de permitir la finalización de procesos ya iniciados”, precisó Pedraza.

De acuerdo con su reporte, la distribución de los 79 contratos en curso es la siguiente: 28 estaban en Fase 1 (Diseño del Contrato), 22 en Fase 2 (Configuración del contrato), 20 pendientes de firma por la entidad y 9 pendientes de firma por el contratista. En contraste, los 12 contratos nuevos no habrían seguido los trámites previos requeridos y, según Pedraza, aparecieron “por arte de magia”.

La congresista aclaró que Colombia Compra Eficiente, administradora de la plataforma Secop II, autorizó únicamente la continuidad de procesos ya iniciados y no la creación de contratos nuevos ni la perfección de contratos incompletos durante el periodo prohibido. En total, los 91 contratos suman más de $121 mil millones.

Además, Pedraza señaló que 54 zonas del país quedaron sin contrato de alimentación, lo que obligó al Icbf a abrir una nueva invitación pública por $47 mil millones, retrasando la entrega de alimentación en al menos dos meses desde el inicio del año. Entre estas zonas están municipios del Urabá antioqueño como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo, así como Segovia y Andes, además de localidades en departamentos como La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada y Tolima.

Posible irregularidad en la contratación

Pedraza señaló que los procesos contractuales ya venían atrasados y que la “falla particular” mencionada por el Icbf ocurrió a solo 30 minutos del inicio de la restricción por Ley de Garantías. “Sin embargo, los retrasos contractuales eran serios, no se resolvían en media hora. Y aunque el Protocolo de Indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente les permitía contratar después argumentando la falla técnica, no tenían permitido crear los 12 procesos contractuales que iban en cero”, indicó la representante.

La congresista agregó que, según su denuncia, el Icbf habría realizado contrataciones cuando no estaba permitido y ahora busca justificarlo como un error del sistema. Por esta razón, solicitó la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para investigar y dar seguimiento riguroso a los procesos. “La Ley de Garantías no se suspende a las 11:30 p.m. Y la transparencia no puede depender de una ‘falla particular’”, concluyó.

Según el equipo jurídico de Pedraza, la situación podría deberse a dos factores: “la mala planeación de la entidad o posible corrupción”. La actuación de la Contraloría ahora permitirá determinar la legalidad de los contratos y establecer si hubo incumplimiento de la normativa vigente durante el periodo electoral.