Impuesto al patrimonio 2026: esto es lo que podría pasar con su trabajo, préstamos y economía como consecuencia del nuevo decreto de Gustavo Petro

El nuevo impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno en medio de la emergencia económica no lo pagarán directamente los ciudadanos. Sin embargo, sus efectos podrían sentirse en variables clave para la vida cotidiana, como el empleo, el acceso a créditos y el desempeño general de la economía.

La medida, adoptada mediante el Decreto 0173 de 2026, establece un tributo temporal dirigido a personas jurídicas con patrimonios líquidos iguales o superiores a 200.000 UVT, con el objetivo de recaudar recursos para atender la crisis provocada por fenómenos climáticos extremos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Gobierno estima que este impuesto permitirá obtener recursos urgentes para financiar la atención de la emergencia.

Aunque el tributo recae sobre grandes empresas, expertos señalan que las decisiones que estas tomen a partir de este nuevo costo pueden tener consecuencias indirectas para la población.

“No aplica para todas las personas jurídicas. Siempre ha aplicado básicamente para las empresas más grandes”, explicó Oliver Pardo, director del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad Javeriana en entrevista con Infobae Colombia. El analista recordó que este tipo de impuesto no es nuevo en Colombia y ha sido utilizado en otras ocasiones como herramienta de recaudo en momentos de crisis.

Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de cómo las empresas perciban la medida. Si se trata de un impuesto temporal, el efecto sobre la economía podría ser limitado. Pero si se interpreta como una señal de que este tipo de cargas podrían repetirse, las empresas podrían modificar sus decisiones.

“Si se percibe como algo que va a ser permanente, eventualmente puede traducirse en unas tasas de interés más altas y más dificultades de acceder al crédito”, advirtió Pardo.

Esto se debe a que las empresas, especialmente las del sector financiero, podrían ajustar sus estrategias, lo que podría reducir la competencia en el mercado. En ese escenario, el acceso a créditos de consumo, vivienda o emprendimiento podría volverse más costoso o más difícil.

El impacto también podría sentirse en el mercado laboral. En entrevista con este medio, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que el aumento de la carga tributaria puede influir en las decisiones empresariales sobre inversión y contratación.

“Puede ser que muchas empresas cambien sus planes de inversión, de contratación de empleados, y esto en últimas termina afectando el crecimiento económico”, señaló.

Cuando el crecimiento económico se desacelera, los efectos suelen reflejarse en menos generación de empleo, menor dinamismo empresarial y menos oportunidades laborales.

Este escenario se presenta en un contexto en el que el país enfrenta presiones fiscales crecientes. Según Salazar, el aumento del gasto público y la mayor frecuencia de emergencias climáticas están obligando al Estado a buscar nuevas fuentes de financiación.

“Estamos en un momento presupuestal en el que el Gobierno está pidiendo cada año más gastos, y esos gastos crecen relativo a la proporción de la producción nacional, y estos solo pueden ser cubiertos a través de más deuda o más impuestos”, explicó.

Esto significa que, aunque el impuesto actual se concentre en las grandes empresas, las consecuencias económicas pueden extenderse al resto de la economía.

Además, el objetivo principal del Gobierno es obtener recursos de forma inmediata. Según Pardo, la urgencia responde a necesidades fiscales concretas. “El Gobierno tiene un problema muy serio de caja, muy serio de liquidez, y está buscando la forma de buscar liquidez en el muy corto plazo”, afirmó.

El analista también señaló que este tipo de medidas suelen mantenerse vigentes el tiempo suficiente para cumplir su objetivo de recaudo, incluso si enfrentan cuestionamientos legales posteriores.

Por ahora, los expertos señalan que el impacto directo sobre los ciudadanos será indirecto y dependerá de la reacción del sector empresarial y del futuro de la política tributaria.

Si el impuesto se mantiene como una medida excepcional, los efectos podrían ser limitados. Pero si se convierte en una herramienta recurrente, podría influir en variables que afectan directamente la vida económica de los colombianos, desde el acceso al crédito hasta las oportunidades laborales.