La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila denunció en su cuenta oficial de X que Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el senador y también aspirante presidencial Iván Cepeda desean “controlar” la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Según Dávila, la intención de ambos sería intervenir la entidad para favorecer sus intereses en las próximas elecciones, asemejando la situación al modelo de Venezuela bajo el mando del narcodictador capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro.
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La comunicadora sostuvo: “Petro y Cepeda quieren una registraduría de bolsillo, como la que siempre tuvo el narcodictador Nicolás Maduro”.
En el mensaje, Dávila afirmó que existe un plan para preparar el escenario ante una derrota en los comicios. Según sus palabras, “Petro está abonando el terreno para que cuando derrotemos en las urnas a Iván Cepeda, el heredero, ambos desconocerán los resultados”.
La periodista advirtió sobre un posible llamado a la protesta y la movilización social, manifestando: “Llamarán a las calles, saldrán vándalos y toda la secta, provocarán caos para arrodillar a los colombianos”.
Por otro lado, la candidata también se refirió a recientes pronunciamientos institucionales.
Dávila aseguró: “Ya el procurador mandó al carajo a Petro. La defensora del pueblo lo deslegitimó”, haciendo alusión a los desacuerdos públicos entre el Ejecutivo y los órganos de control. Según la periodista, esta confrontación institucional refuerza sus advertencias sobre la fragilidad del proceso democrático.
La publicación, replicada por diversos actores políticos, contiene afirmaciones contundentes sobre la seguridad del voto.
Dávila expresó: “Petro y Cepeda son peligrosos, pero los vamos a derrotar”, y remarcó la importancia de la vigilancia ciudadana. La candidata concluyó su mensaje asegurando que las Fuerzas Armadas defenderán el proceso electoral, insistiendo: “Estoy segura, si ustedes intentan robarnos las elecciones”.
El trino generó reacciones inmediatas en el ambiente político colombiano.
El debate sobre la transparencia institucional y la legitimidad de la Registraduría Nacional ocupa un lugar central en la discusión pública, en un contexto de alta polarización electoral.
Esto dijo la Defensora del Pueblo sobre advertencias electorales de Petro: “No tenemos información”
La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la entidad que lidera no dispone de evidencias sobre la existencia de un fraude electoral en Colombia para las elecciones de 2026, desmarcándose de las advertencias expresadas por el presidente Gustavo Petro.
En entrevista con Semana, Marín explicó que, tras un análisis institucional, no han encontrado elementos que permitan confirmar ese riesgo, aunque reconoció la necesidad de evaluar cualquier inquietud a través de los mecanismos previstos en la institucionalidad colombiana.
La defensora subrayó: “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”, refiriéndose a la posibilidad de alteraciones en el sistema electoral. Añadió que el tratamiento de este tipo de preocupaciones debe realizarse con mesura y coordinación, evitando generar alarma en la opinión pública.
Según Marín, la historia reciente ha demostrado que las instituciones pueden responder de manera efectiva en escenarios de incertidumbre.
La funcionaria hizo un llamado para mantener la confianza en los canales oficiales y evitar el uso de discursos que puedan elevar la tensión social. “Nuestro llamado es a la confianza en los mecanismos institucionales para resolver estos temas, bajarle el tono”, puntualizó.
Enfatizó que las denuncias sobre posibles irregularidades deben presentarse ante las autoridades competentes, quienes son las encargadas de investigar y resolver cada caso conforme a la ley.
En cuanto a la seguridad del proceso democrático, Marín advirtió que la mayor amenaza en algunas regiones proviene de la presencia y accionar de grupos armados ilegales. Indicó que departamentos como Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó y Cauca presentan focos de preocupación por la influencia de estas organizaciones.
Según la defensora, estos grupos han llegado a ejercer control sobre el territorio, la movilidad, la resolución de conflictos y hasta la campaña política, condicionando la participación y la inscripción de cédulas.
Marín identificó el suroccidente colombiano, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, Caquetá, Putumayo y ciertos municipios de Arauca como áreas que requieren intervención inmediata. Además, advirtió que la interferencia de actores armados no se limita a zonas rurales, pues también se reportan casos en Bogotá, Barranquilla y Medellín.
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