El Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, decretó un aporte extraordinario por parte de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y térmica para enfrentar la emergencia económica, social y ambiental provocada por el mal clima.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la expedición de un decreto que obliga a estas compañías a transferir un 2% adicional de sus ventas brutas de energía durante seis meses, con el objetivo de financiar proyectos de recuperación ambiental y mitigación del daño en las zonas más afectadas.
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La medida busca canalizar recursos de manera exclusiva a las acciones previstas en el decreto de emergencia, priorizando territorios con mayores niveles de afectación, como Córdoba.
Estos fondos no podrán mezclarse con otras partidas presupuestales y su ejecución estará sujeta a lineamientos técnicos que la cartera ambiental expedirá en un plazo de 15 días. El ministerio detalló que la distribución de los recursos se realizará de forma proporcional, teniendo en cuenta costos, prioridades e integralidad presupuestal.
Tres líneas de acción para la emergencia
La ministra encargada de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, explicó en el Consejo de Ministros desde Cartagena que el sector estructuró tres paquetes de medidas para atender la crisis.
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El primero contempla actuaciones directas sobre las represas, donde se solicitarán estudios especiales para garantizar un “espacio de vacío” que permita amortiguar nuevos aportes de agua y evaluaciones de eventos extremos bajo escenarios de cambio climático.
Vélez advirtió que varias hidroeléctricas mantienen niveles críticos, con volúmenes entre el 95% y el 100%, e incluso algunas por encima de la curva máxima declarada, lo que representa riesgos para las comunidades aguas abajo.
El segundo grupo de acciones se enfoca en la modelación y ordenamiento alrededor del agua, incorporando criterios de gestión del riesgo en la planificación y fortaleciendo el monitoreo hidrometeorológico. Estas iniciativas buscan comprender mejor la dinámica hidrológica local y regional para respaldar decisiones como la recuperación de áreas inundables por parte de los ríos.
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Por último, el tercer paquete contempla permisos excepcionales y especiales durante el periodo de emergencia y recuperación. Vélez indicó que se agilizarán los permisos para proyectos de agua y saneamiento en las zonas impactadas, siempre que estén directamente relacionados con la atención y recuperación de la crisis.
Algunas acciones, como la remoción de diques, ya están en marcha, utilizando estudios previos y conocimiento acumulado.
Financiamiento y control en la gestión de los recursos
El Ministerio de Ambiente aclaró que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) serán las responsables de estructurar los proyectos, bajo concepto técnico previo y vinculante del Ministerio. Cuando la magnitud del daño lo exija, se implementará coordinación interjurisdiccional para garantizar respuestas articuladas entre las distintas autoridades ambientales.
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Durante el anuncio, Vélez detalló que la financiación provendrá del sector con mayor capacidad económica, en particular el de generación de energía. “La prioridad es cuidar la vida aguas abajo”, puntualizó la ministra, en referencia a la tensión constante entre la operación de represas y la protección de las poblaciones ribereñas.
La iniciativa establece el carácter temporal y específico de los aportes extraordinarios, asegurando que los recursos únicamente podrán destinarse a obras de recuperación ambiental, atención a comunidades damnificadas y restauración de ecosistemas afectados por fenómenos climáticos extremos.
Respuesta institucional
El presidente Gustavo Petro reiteró durante el Consejo de Ministros que la emergencia exige decisiones rápidas y coordinadas, y que la gestión ambiental debe alinearse con el objetivo de proteger la vida y reducir los riesgos en los territorios más vulnerables.
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El Ministerio de Ambiente se comprometió a acelerar todas las acciones necesarias en la medida de lo posible, manteniendo la coordinación interinstitucional con otros sectores del Gobierno, como Defensa y Agricultura, que ya participan en la toma de decisiones operativas.
El sector energético sigue evaluando el impacto financiero de la medida, mientras el Gobierno busca reforzar la capacidad de respuesta institucional frente a la emergencia. En los próximos días, el Ministerio de Ambiente emitirá los lineamientos técnicos que orientarán el uso de los fondos recaudados.
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