María José Pizarro se sumó a las denuncias de riesgo de fraude electoral hechas por Gustavo Petro y lanzó urgente llamado

El riesgo de fraude electoral, denunciado por el presidente de la República, Gustavo Petro, aunque sin mayor soporte probatorio, ha causado una serie de dudas sobre si en verdad la transparencia en las elecciones del 8 de marzo en Colombia está en riesgo, como lo ha advertido en sus múltiples pronunciamientos, ya sea en persona o en sus redes sociales. Pese a las críticas en su contra, el jefe de Estado recibió el martes 24 de febrero un fuerte espaldarazo.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, alertó sobre las dificultades para acceder al código fuente del software electoral y la experiencia previa de voto perdido, lo que elevó la atención sobre el proceso y pretendió reforzar, en cierto modo, las múltiples denuncias del jefe de Estado: que reiteró que la empresa ASD, encargada del conteo, opere a pesar de sentencias judiciales sobre aparentes irregularidades.

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Según Petro, en 2022, la intervención de testigos electorales permitió recuperar 500.000 votos y cinco curules, dato que se convierte en el eje de las denuncias actuales y en el motivo, según lo pudo confirmar la congresista oficialista, para exigir vigilancia reforzada en las mesas de cara a la jornada del 8 de marzo de 2026: en la que el Pacto se jugará su futuro político, como la primera fuerza política del país, con amplia presencia en el legislativo.

En sus afirmaciones, Pizarro vinculó estos riesgos con la imposibilidad de auditar el sistema electrónico de conteo. “A la fecha no hemos podido, ni en el 2022, ni ahora en el 2026, realmente acceder al código fuente. Así que el trabajo que realicen los testigos electorales en el cuidado del voto va a ser absolutamente trascendental”, expresó la congresista, que desistió de su aspiración presidencial para adherir Cepeda, el que mejor marca en las encuestas.

En su concepto, es vital “garantizar que el voto ciudadano, que se va a expresar de manera mayoritaria en las urnas el próximo 8 de marzo, no sea trasladado a otros partidos políticos o a otros candidatos, sino que pueda permanecer tal y como fue la voluntad popular". Así pues respaldó lo denunciado por Petro, que en la víspera atribuyó de manera directa la responsabilidad a la empresa seleccionada para el preconteo, al recordar los antecedentes judiciales adversos.

“La empresa ASD está implicada en el fraude descubierto por el Consejo de Estado en sentencia fallada en sala plena en las elecciones de senado del 2014, luego en las elecciones de consulta presidencial y congreso del 2022 en Colombia y se le denunció en las últimas elecciones de Honduras. Como si nada, vuelve a ser la empresa que hará el preconteo de las elecciones de congreso y presidencia para el año 2026″, denunció Petro, lo que causó controversia.

Testigos electorales: el recurso decisivo, según María José Pizarro, para impugnar irregularidades

Con esta especie de diagnóstico hecho por el presidente, del que a decir verdad se han desmarcado los entes de control, que alegaron completa normalidad de cara a las elecciones, el Pacto Histórico -como lo remarcó Pizarro- empezó a promover la participación de un testigo electoral por cada una de las casi 124.000 mesas dispuestas en el país este año. “El cuidado en boca de urna es absolutamente fundamental y trascendental”, indicó la parlamentaria capitalina.

Es válido destacar que Petro fue incluso más allá en sus graves señalamientos. “Solo se puede abrir de nuevo las urnas para recontar votos por impugnación de mesa de testigos electorales ante los jueces de escrutinio, si los testigos son limitados en número o el partido no dispone de ellos, en general el resultado queda como se informa por teléfono de la mesa a ASD, y en sus oficinas, y según testigos presenciales se modifican los datos”, afirmó el presidente.

Es por ello que tanto el jefe de Estado como Pizarro consideran que, para asegurar la capacidad de detectar, denunciar e impugnar eventuales fraudes, se requieren al menos 60.000 testigos electorales entrenados y activos durante todo el proceso, desde la apertura de urnas hasta la firma de las actas. Una cifra que de acuerdo con la congresista significa, sin duda, el gran reto a 12 días para que se lleven a cabo las elecciones en las que se escogerá un nuevo Congreso.

“Contamos con ustedes para que se sumen como testigos electorales para cuidar el voto antes, durante y después de las elecciones”, dijo Pizarro, que también dijo estar de acuerdo con Las advertencias sobre transparencia, que no se enfocan solo en posibles manipulaciones informáticas, sino también en una serie de medidas legales incumplidas, pues Petro fue claro en reiterar que desde 2014 se ordenó que se debía tener un software ‘del Estado y desde el Estado’.