Una controversia jurídica se reactivó luego de la publicación de una columna del periodista Daniel Coronell, en la que se revelaron detalles de una resolución adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se ordenó investigar al abogado Abelardo de la Espriella por una presunta oferta de soborno a un testigo en favor de un cliente.
Tras la difusión de esa información, la defensa del jurista dio a conocer documentos oficiales que, según indicó, demuestran que la Fiscalía General de la Nación archivó la actuación y que no existe vinculación penal en su contra.
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De acuerdo con la columna, la decisión judicial quedó consignada en el acta 323 del 21 de octubre de 2013, en la que la Corte dispuso compulsar copias para que la Fiscalía abriera una indagación. Sin embargo, al consultar distintas dependencias del ente acusador, no se logró ubicar el registro de dichas copias, lo que, según lo publicado, sugiere que los documentos se extraviaron en el trámite administrativo.
La resolución se produjo dentro del proceso contra la entonces senadora Piedad Zuccardi, investigada por concierto para delinquir agravado por presuntos vínculos con estructuras paramilitares. En el fallo se describió una conversación grabada en la que participaron el exsenador Javier Cáceres, el exalcalde Nicolás Curi y el abogado Hugo Atencia, defensor del exjefe paramilitar Uber Enrique Bánquez, conocido como Juancho Dique.
Según el texto judicial citado, Atencia relató que Juancho Dique se quejaba porque Libardo Simancas, exgobernador de Bolívar, no le habría entregado un dinero que supuestamente se ofreció a través de Enilse López, alias la Gata, y Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca, utilizando como intermediario a De la Espriella. El propósito habría sido evitar que el exparamilitar mencionara a empresarios y dirigentes políticos en su versión libre dentro del proceso de Justicia y Paz.
La grabación, conservada por la Corte, recoge apartes en los que se menciona la suma de 300 millones de pesos y la visita del abogado a la cárcel donde se encontraba recluido Juancho Dique. En ese periodo, De la Espriella ejercía la defensa de Alfonso Hilsaca en un proceso por el asesinato de cuatro mujeres en Cartagena.
Ante estos elementos, la Corte remitió copias a la Fiscalía para establecer si existían conductas delictivas atribuibles al abogado. Más de una década después, según lo expuesto en la columna, no se evidencian avances sobre esa compulsa ni constancia de apertura formal de investigación.
La defensa de Abelardo de la Espriella
Tras la publicación, el abogado Germán Calderón, integrante del equipo jurídico de De la Espriella, difundió la orden de archivo emitida por la Fiscalía dentro del proceso de indagación. En el documento oficial titulado “Proceso Investigación y Judicialización – Orden de Archivo”, se lee: “En el presente caso, tal como quedó evidenciado en el cuerdo de orden, no existe evidencia que vincule a ABELARDO DE LA ESPRIELLA OTERO con la presunta comisión del delito de soborno, art. 444 del CP, al que se alude en la compulsa de copias dispuesta por la sala de casación penal de la Corte, por lo que al tenor de lo previsto en el art. 79 CPP y lo descrito en la sentencia CSJ, Cas. Penal, Auto. Jul. 5/2007, Radicado 2007-0019, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, se ordenará el archivo de las presentes diligencias”.
El texto agrega un aparte jurisprudencial: “Cuando el fiscal no puede encontrar estos elementos objetivos que permiten caracterizar un hecho como delito, no se dan los presupuestos mínimos para continuar con la investigación y ejercer la acción penal. Procede entonces el archivo”.
Asimismo, el fiscal dejó constancia de que la indagación podría reanudarse en caso de surgir nuevos elementos probatorios, siempre que no se hubiera extinguido la acción penal.
Solicitud de rectificación
De manera paralela, el movimiento Defensores de la Patria, liderado por De la Espriella, emitió un comunicado en el que cuestionó la publicación y señaló la existencia de una supuesta operación digital coordinada. En el documento se afirma: “La prensa del establecimiento actuó como bodega para atacar a Abelardo De La Espriella: Estudio digital revela presunta acción coordinada y sistemática de Daniel Coronell, La Silla Vacía y Cambio”.
El comunicado sostiene que un análisis forense digital, realizado con herramientas de monitoreo y análisis de redes, procesó 19.988 menciones, 16.400 retuits y 16.569 comentarios, con un alcance superior a 59 millones de usuarios. Según el texto, el 73% de los mensajes negativos provendrían de cuatro o cinco cuentas.
También se señala que las cuentas asociadas a Daniel Coronell, La Silla Vacía y Cambio habrían operado de manera sincronizada. El comunicado concluye con la frase: “Los datos no opinan, los datos demuestran”, y anuncia que continuarán denunciando lo que consideran prácticas de desinformación.
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