
El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó la continuidad de los bombardeos contra grupos armados ilegales en el territorio colombiano, pese a las denuncias de varios sectores de que, en dichos operativos, habrían fallecido menores de edad reclutados por estas organizaciones.
El alto oficial, en diálogo con Noticias Caracol, explicó que la decisión de continuar con las operaciones se sostiene en la obligación constitucional, mientras el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc exhibe un crecimiento alarmante en Colombia, aunque reconoce el dolor que estas muertes representan para el país.
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“Estos delincuentes del ELN, de las Gaos residual de ‘Calarcá’, de ‘Mordisco’ y el Clan del Golfo, recluta y mete esos menores de edad como escudos. Dentro del derecho internacional humanitario, es claro que estos son combatientes. Es lamentable para el país que caiga un menor de edad, pero nos corresponde cumplir con la misión constitucional”, especificó el comandante de la institución castrense al citado medio de comunicación.

Adicional a ello, el general López recalcó que, para verificar la presencia de menores en los campamentos de grupos armados, se debe fortalecer la inteligencia militar, con el fin de evitar que otros infantes pierdan la vida por la guerra.
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“Los bombardeos no van a parar. No se van a suspender. Tenemos que fortalecer la inteligencia como la hemos venido fortaleciendo (...) La inteligencia nos decía: ‘puede haber menores de edad’, porque el ELN comete ese crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad, que comete el ELN, no nosotros”, aseguró.
Cifras oficiales
Un informe reciente de Naciones Unidas, citado por Noticias Caracol, revela que el reclutamiento de menores en Colombia ha aumentado un 300% en los últimos cinco años. Entre 2019 y 2024, se registraron más de 1.200 casos. Según el sistema de verificación de la ONU, solo en 2024 se han contabilizado 453 casos, lo que representa un crecimiento del 64% respecto al 2023.
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Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la cifra de menores de edad muertos en bombardeos y enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública habría alcanzado los 54 casos, lo que supera ampliamente el dato previamente reconocido de 31 víctimas, según denunció la representante a la Cámara Catherine Juvinao, durante un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, realizado el 10 de diciembre de 2025.
En su momento, Juvinao enfatizó que cinco bombardeos adicionales habrían ocurrido sin que el Estado colombiano reportara víctimas oficiales, pese a las denuncias de alcaldes de municipios como Segovia, Briceño y Zaragoza acerca de la existencia de decenas de personas fallecidas, lo que revela inquietudes sobre la falta de transparencia en el reporte de víctimas y plantea dudas sobre el cumplimiento de los estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
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“No sabemos cuánta gente se murió y no sabemos si hay niños adicionales a los 54 que fallecieron en más bombardeos”, indicó la parlamentaria de Alianza Verde.
En respuesta a ello, el ministro Pedro Sánchez argumentó que los resultados operacionales del Gobierno no han sido consecuencia de la inacción, sino del cumplimiento de las normas y de la búsqueda de preservar la vida.
“Cuando empleamos la fuerza, cuando empleamos esa capacidad legítima que nos ha dado el Estado... no estamos empleando algo ilegal, lo que nos ha dado la nación, que necesitamos aún más”, declaró en el Congreso.
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Bombardeo en el Catatumbo
El último operativo de ese estilo efectuado por las Fuerzas Militares se registró en la madrugada del 4 de febrero de 2026, entre los municipios de El Tarra y Tibú, en la región del Catatumbo (Norte de Santander) donde hacen presencia varias estructuras del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Como resultado del ataque militar, las tropas confirmaron la neutralización de siete presuntos combatientes del ELN y la captura de uno más, junto a la incautación de armamento variado, municiones, artefactos explosivos improvisados y drones destruidos. El Ejército Nacional informó el hallazgo de granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas entre el material decomisado.
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El general López Barreto precisó en X que la ofensiva fue ejecutada “bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y el respeto por los Derechos Humanos”, con énfasis en la protección a la población civil en el área de operaciones.
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