El arranque de 2026 trajo un respiro para las alcaldías del país. Después de semanas marcadas por cuentas ajustadas y advertencias de los mandatarios locales, el Gobierno nacional decidió mover la ficha y reforzar el primer giro del año del Sistema General de Participaciones (SGP).
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que esta primera transferencia incluyó un incremento adicional del 24%, una decisión que busca aliviar la crisis de liquidez que golpeó a los entes territoriales al cierre de 2025. No se trata de un giro cualquiera, es la primera de las 12 transferencias de propósito general previstas para este año y llega con un componente extraordinario para compensar el bajón financiero de diciembre pasado.
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En cifras concretas, para enero se transfirieron $1,01 billones. De acuerdo con la programación oficial, en los próximos meses se mantendrán giros mensuales cercanos a los $820.000 millones, con la intención de sostener la estabilidad presupuestal y evitar nuevos sobresaltos en las regiones.
La decisión del Gobierno responde a un ambiente de inconformidad que venía creciendo desde finales de 2025. La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y varios alcaldes encendieron las alarmas tras el último giro del año pasado puesto que, en diciembre, los municipios recibieron $1,09 billones, una reducción del 48,8% frente a los $2,1 billones entregados en el mismo mes de 2024.
El recorte no fue un simple ajuste contable. Los mandatarios hablaron de un “golpe fiscal” que dejó en jaque sectores sensibles. En salud, por ejemplo, los recursos pasaron de $1,1 billones a $586.857 millones. En agua potable y saneamiento básico, la caída fue de $252.442 millones a $129.348 millones.
El problema se agravó con otro factor, el aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026. Para muchos municipios, esa combinación —menos transferencias y mayores costos laborales— redujo drásticamente el margen para pagar nóminas, sostener programas sociales y ejecutar obras de infraestructura.
Desde el nivel central, el argumento fue distinto. El Gobierno nacional atribuyó el desbalance de diciembre a una caída en el recaudo tributario y a un desequilibrio general entre ingresos y gastos en ese tramo del año. Aun así, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) insistieron en que el balance anual no fue negativo.
Según las cifras oficiales, el acumulado total de transferencias en 2025 fue 16,9% superior al de 2024 y alcanzó los $80,9 billones. Es decir, el tropiezo se concentró en el último mes, pero el comportamiento global del año mostró un crecimiento.
Con el refuerzo aplicado en enero, el ministerio aseguró que reafirmó su disposición al “diálogo técnico” con los alcaldes para garantizar la sostenibilidad financiera de los territorios. El mensaje no es menor, la presión fiscal en las regiones tiene impacto directo en la prestación de servicios esenciales, desde la atención en hospitales públicos hasta el suministro de agua potable. También compromete la continuidad de programas sociales, el mantenimiento de vías locales y el funcionamiento de instituciones educativas.
Además, el Presupuesto General de la Nación proyecta que las transferencias del SGP continúen en ascenso durante 2026, con un techo estimado de $88 billones. La apuesta es que, tras el sobresalto de diciembre, el flujo de recursos recupere estabilidad y permita a los gobiernos locales planear con mayor previsibilidad, evitar atrasos en pagos y recuperar la confianza de proveedores y contratistas.
Por ahora, el incremento del 24% en el primer giro del año funciona como un balón de oxígeno. La verdadera prueba, sin embargo, será sostener ese equilibrio mes a mes, en un contexto económico que sigue exigiendo ajustes finos y coordinación permanente entre la Nación y los territorios, especialmente ante un panorama de recaudo aún incierto.
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