La Defensoría del Pueblo denunció que una caravana de líderes y miembros del Pueblo Indígena Barí fue detenida en un retén ilegal por personas que se identificaron como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras se dirigía hacia Cúcuta.
El grupo afectado pertenece al resguardo Catalaura y se desplazaba a la capital del departamento con el fin de participar en procesos internos de diálogo con sus autoridades. Según la información oficial, el hecho ocurrió el 16 de febrero de 2026, aunque la denuncia fue emitida en las horas de la tarde del 20 de febrero.
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Según los relatos de los afectados, durante el viaje la caravana fue interceptada en una zona rural por civiles armados que, tras identificarse como miembros del ELN, intimidaron a los delegados con armas de fuego y revisaron sus teléfonos celulares.
Durante la detención, los integrantes de la comunidad Barí fueron sujetos a señalamientos estigmatizantes que los vincularon falsamente con grupos armados ilegales presentes en la región.
A través de un comunicado, voceros de la Defensoría emitieron un rechazo a las acciones del grupo armado, y alertaron a las autoridades de cara a la crisis de inseguridad que enfrentan los habitantes del departamento.
De la misma manera, solicitaron a los organismos del Estado activar mecanismos urgentes de protección a través de la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia.
Esta situación generó temor entre los participantes y afectó su derecho a la participación ciudadana, además de obstaculizar sus actividades legítimas como autoridades ancestrales.
Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes indígenas y constituyen una infracción al derecho internacional humanitario (DIH), además de que el principio de distinción exige a todos los actores armados abstenerse de involucrar a la población civil en hostilidades. Aunque la caravana logró llegar a Cúcuta sin otros incidentes y luego de horas de retención, el organismo enfatizó que la estigmatización y el riesgo de agresiones persisten.
Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades competentes a activar de inmediato rutas de prevención y protección para los delegados indígenas, tanto durante su permanencia en la capital de Norte de Santander como en su retorno al territorio del resguardo.
En su declaración, los voceros de la entidad estatal reiteraron el llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima con el Estado.
Defensoría del Pueblo y Agencia Francesa de Desarrollo abren diálogo para fortalecer derechos humanos en Colombia
La Defensoría del Pueblo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) iniciaron conversaciones para establecer una alianza orientada a fortalecer la protección de los derechos humanos en los territorios más vulnerables de Colombia.
El encuentro se realizó el 19 de febrero en Bogotá entre la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el director para Colombia de la AFD, Lamine Sow.
Según informaron voceros de la Defensoría, la reunión tuvo como eje la búsqueda de oportunidades de cooperación en ámbitos como derechos humanos, ambiente sano, igualdad y el apoyo a comunidades impactadas por el conflicto armado.
La entidad estatal destacó que el diálogo con la AFD dejó abierta una agenda de trabajo con posibilidades concretas de implementación.
La AFD, banco de desarrollo bilateral del gobierno francés, mantiene operaciones en Colombia desde 2009. Sus principales líneas de acción en el país han sido la lucha contra el cambio climático, la inclusión social y el apoyo al proceso de paz. Además, administra fondos destinados a la atención de migrantes venezolanos en el país.
De acuerdo con la Defensoría, la AFD explicó que sus modalidades de cooperación incluyen apoyo técnico al sector público y privado, créditos con componentes no reembolsables y préstamos de política pública.
Durante el encuentro, la AFD presentó iniciativas vigentes en desarrollo territorial vinculadas a la paz y la reforma rural, así como acciones en energía, agua, saneamiento, transporte, agricultura sostenible y restauración de manglares.
Según la información oficial, la reunión dejó abierta la puerta para avanzar en una cooperación que permita robustecer la protección de los derechos humanos, con énfasis en ambiente sano, igualdad y resiliencia frente a los efectos del conflicto armado.
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