Mientras en redes sociales se cruzaban acusaciones entre la Casa de Nariño y la Alcaldía de Medellín, en el trasfondo avanzaba una discusión más técnica: cómo fijar las tarifas de energía sin poner en jaque la confiabilidad del sistema eléctrico. En ese escenario, Empresas Públicas de Medellín (EPM) salió a explicar por qué no adoptó la fórmula tarifaria impulsada por el Gobierno nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
La empresa sostuvo que el contexto actual no justifica aplicar el mecanismo propuesto. En lo corrido de 2026, el precio de la energía en bolsa ronda los $100/kWh, niveles cercanos a mínimos históricos. La fórmula oficial solo se activa cuando el valor supera los $327/kWh. En otras palabras, bajo las condiciones actuales no tendría efectos prácticos inmediatos.
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Sin embargo, la decisión de no acogerse voluntariamente va más allá de un cálculo coyuntural. EPM argumentó que aplicar esa metodología la obligaría a actuar en contravía del planeamiento energético del sistema. La gestión de los embalses, insistieron, debe ser estratégica, sobre todo ante la eventual llegada del fenómeno de El Niño, que históricamente puso a prueba la capacidad de generación del país.
En ese punto se centra buena parte de la preocupación empresarial. Según la compañía, la fórmula oficial contempla penalizaciones económicas para plantas renovables y térmicas a carbón si no cumplen con sus obligaciones de energía firme bajo un precio de referencia determinado. Esa condición, advirtieron, puede desincentivar nuevas inversiones y elevar el riesgo de desabastecimiento en momentos críticos de hidrología.
EPM analizó el proyecto de Resolución 701 118 publicado por la Creg. La decisión que adopte, aseguraron, buscará garantizar la confiabilidad energética nacional, más allá de la coyuntura política.
Y es que el debate técnico se encendió en medio de un fuerte enfrentamiento público entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La tensión escaló tras la polémica por el rechazo del Gobierno a ayuda humanitaria de Estados Unidos para atender emergencias climáticas en Córdoba y Urabá. En ese cruce de mensajes, la discusión sobre tarifas eléctricas se convirtió en otro frente de batalla.
El presidente cuestionó abiertamente la gestión de EPM. Afirmó que, si la empresa hubiera ajustado sus tarifas a la fórmula de la Creg, los usuarios antioqueños pagarían menos. Petro calificó de “miserabilidad” y “especulación” la estrategia gerencial de permitir que las tarifas subieran al precio del gas cuando, según su lectura, los embalses estaban llenos. Además, pidió que la compañía se adhiera de inmediato al nuevo esquema para evitar damnificados por el manejo del agua.
Desde Medellín, la respuesta fue directa. Federico Gutiérrez recordó que las tarifas de energía en Colombia no dependen de la voluntad de un alcalde ni de una empresa específica. Se determinan bajo una regulación nacional definida por la Creg, aplicable en todo el país. También defendió el rol de Hidroituango, proyecto que aporta cerca del 17% de la energía firme nacional y que, en su criterio, es clave para evitar racionamientos durante crisis climáticas recientes.
El mandatario local rechazó las acusaciones de especulación y señaló que los precios responden a variables complejas como la hidrología y la demanda. Invitó al presidente a concentrarse en la atención de los damnificados por las emergencias climáticas, en lugar de descalificar la gestión técnica de la empresa.
Para entender la dimensión del debate conviene mirar el papel que cumplen los embalses en la matriz energética colombiana. El sistema eléctrico depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, que actúa como un regulador natural frente a las variaciones climáticas y de demanda. EPM describió sus embalses como “baterías naturales y limpias” de almacenamiento energético, fundamentales en la transición hacia fuentes más sostenibles.
La relevancia de esa infraestructura quedó en evidencia en 2025, cuando las hidroeléctricas cubrieron el 81% de la demanda nacional. Gracias a ese aporte, el precio de bolsa se ubicó en $241/kWh, considerablemente por debajo de los niveles registrados en 2024 durante los efectos más severos de El Niño.
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