Estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional decretaron paro académico para rechazar fallo que restituye a José Ismael Peña como rector

La Asamblea de Estudiantes de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia declaró un paro académico hasta el 24 de febrero de 2026, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ordena el retorno de José Ismael Peña al cargo de rector.

La medida se fundamenta en el rechazo a lo que los estudiantes califican como un atropello a la autonomía universitaria, así como en el temor de que la administración priorice intereses particulares por encima de la educación pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el sector estudiantil, se anunciaron acciones adicionales, entre ellas la suspensión del pago del segundo y tercer recibo de matrícula como forma de presión y protesta.

Al mismo tiempo, presentarán a la Corte Constitucional una solicitud de revisión de la sentencia del Tribunal Superior, alegando perjuicio para la educación universitaria y vulneración de derechos fundamentales.

La asamblea comunicó el cese de actividades académicas, a excepción de aquellas vinculadas a la investigación, experimentación, participación en eventos, gestión de becas y ejecución de contratos. El comunicado expresa: “Defendemos nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, donde el conocimiento y el poder popular florezcan en libertad”.

Los estudiantes de posgrado de la UNal sostienen que la resolución judicial no solo contradice la voluntad de la comunidad universitaria, sino que constituye “un ataque frontal a la autonomía universitaria”, subordinando la institución a intereses económicos y mercantilistas de una minoría.

Aluden a una crisis ética dentro de la universidad, manifestada en designaciones “a dedo“, falta de financiación para proyectos de investigación y matrículas elevadas en los posgrados. Según el comunicado, “la universidad se ha olvidado de su carácter público, diverso, incluyente y territorial”.

Adicionalmente, en el texto se rechaza de manera categórica las recientes declaraciones del profesor Camilo Younes, que habría relacionado a directivas universitarias con grupos al margen de la ley a través de redes sociales, calificando esas afirmaciones como irresponsables y peligrosas para la integridad de la comunidad.

El pliego dado a conocer por la asamblea incluye la exigencia de renuncia inmediata de Ismael Peña, argumentando “carencia de legitimidad y respaldo de los estamentos universitarios”.

Además de la solicitud de revisión constitucional del fallo, piden la rectificación pública del profesor Younes y una investigación formal sobre el candidato Jorge Castillo, a quien acusan de perseguir y estigmatizar a miembros de la comunidad universitaria en la sede Bogotá.

En cuanto al aspecto financiero, los estudiantes reiteran: “No pagaremos el segundo y tercer recibo de matrícula como comunidad de Posgrados. Nuestros fondos no financiarán una idea de universidad movida por intereses particulares y empresariales”.

En contraste con la postura estudiantil, el Sindicato de Empleados Públicos Docentes Atenea exhortó al respeto del fallo judicial. Para este gremio, acatar las decisiones de los jueces es una condición básica para el funcionamiento de la institucionalidad democrática y la estabilidad de la universidad. Resaltaron que el Consejo Superior Universitario (CSU) debe garantizar la continuidad de las actividades misionales y facilitar la entrega del cargo a Peña.

El sindicato también hizo un llamado a los profesores para que continúen con sus labores académicas, recordando la obligación de formar ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes: “Tenemos deberes de formación en lo estrictamente curricular, pero también en la formación de ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes”.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá reabre el conflicto en torno a la designación del rector para el período 2024-2027 en la Universidad Nacional de Colombia, iniciado en marzo de 2024 con la elección de Peña por parte del CSU. En septiembre de ese año, el Consejo de Estado había decidido no anular el nombramiento de Peña, aunque aclaró que ello no implicaba su retorno inmediato al cargo.

Posteriormente, en noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera Ruiz, quien dejó el puesto días más tarde. Peña, respaldado en la sentencia de septiembre, sostuvo que seguía vigente su derecho a ejercer la rectoría, motivo por el cual interpuso una tutela.

En primera instancia fue rechazada, pero ahora el Tribunal Superior falló a favor de Peña, amparando sus derechos al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos, y ordenando al CSU concretar su posesión en menos de 48 horas.

El sector estudiantil denuncia que la reciente decisión judicial acentúa una tendencia en la que, según la asamblea, la justicia favorece intereses alejados del bienestar colectivo, relacionando el fallo con controversias previas, como la concerniente al salario mínimo vital.

Reiteran la necesidad de unidad y deliberación colectiva para enfrentar lo que consideran una crisis institucional que amenaza la continuidad y calidad de sus procesos de formación.

Los hechos se producen en un ambiente de alta tensión al interior de la universidad, con denuncias de presiones políticas, señalamientos de persecución interna y llamados urgentes a la defensa de la educación pública.