
El Gobierno colombiano lanzó un plan que ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes proporcionen información clave sobre delitos electorales como la compra de votos, el constreñimiento al elector y la corrupción electoral.
Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que participó en un Consejo de Seguridad y Paz, y sostuvo que la medida se pondrá en marcha en el contexto de las elecciones legislativas del 8 de marzo, cuando se renovarán el Congreso y se celebrarán consultas interpartidistas para definir las candidaturas presidenciales.
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En sus redes sociales, el titular de la cartera recalcó que el objetivo primordial es combatir la compra de votos y demás delitos como el constreñimiento con amenazas o violencia, la suplantación, el voto ilegal y el fraude en la inscripción de cédulas.
“Culminado el Consejo de Seguridad y Paz, el Gobierno nacional ratificó como uno de sus objetivos prioritarios combatir la compra de votos y demás delitos electorales. En ese marco, se decidió ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a quienes incurran en conductas que atenten contra la transparencia del proceso electoral”, aseguró el ministro en su cuenta de X.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó la gravedad de la compra de votos y la importancia de denunciar este delito, citando la ausencia de controles en el pasado.

Las denuncias podrán hacerse de forma confidencial a través de la línea 157 Anticorrupción o mediante el correo electrónico de la Policía Nacional.
“Denuncie con absoluta reserva a la línea 157. El silencio es cómplice de la corrupción. No nos quedemos callados; defendamos la democracia y protejamos lo que nos pertenece”, complementó Sánchez.
De acuerdo con informes oficiales, en 2025 se recibieron unas 30.000 llamadas, con 143 casos judicializados gracias a la colaboración ciudadana.
Riesgos en la campaña electoral
El contexto electoral colombiano actual presenta altos niveles de riesgo por la acción de grupos armados ilegales y la persistencia de prácticas corruptas en las regiones más afectadas.
Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que el 61,3% de los municipios con curules de paz enfrenta peligro tanto por factores de violencia como por potencial fraude electoral.
Las zonas más críticas, según explicó Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE a El Colombiano, se ubican en Cauca, el sur de Meta y el Bajo Cauca antioqueño.
Por su parte, Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, identificó en reunión de seguimiento electoral del 18 de febrero cuatro grandes riesgos en Norte de Santander y la región del Catatumbo: interferencia de grupos armados en actividades proselitistas, barreras físicas para acceder a los puestos de votación como minas antipersonal o retenes ilegales, afectación del censo electoral por desplazamientos forzados, y la violencia digital dirigida a candidatos señalados de afinidad con actores armados.

Además, Marín pidió fortalecer la seguridad en poblaciones rurales y en las zonas donde no hay control permanente de la Fuerza Pública.
Sin embargo, la defensora instó a garantizar el voto a personas desplazadas y firmantes de paz trasladados a localidades distintas de aquella donde inscribieron su documento, y alertó sobre la alta probabilidad de coacción y abstenciones forzadas en zonas con baja presencia estatal.
Entre las medidas dadas por las autoridades, se contempla el acompañamiento de la Fuerza Pública, que reforzará la vigilancia durante la jornada electoral e investigará de forma activa las amenazas de fraude o presión indebida sobre los votantes.

Además, se habilitaron protocolos especiales para zonas críticas y se fortalecerán los controles en la cadena de custodia de los tarjetones, ante inquietudes sobre el diseño y manejo de estos materiales.
El delegado electoral de la Registraduría Nacional, Jaime Hernando Suárez Bayona, explicó que después del cierre de mesas a las 4:00 p.m., todo tarjetón sin usar será destruido y los no marcados introducidos en urna se referenciarán en formularios oficiales para evitar manipulaciones fraudulentas.
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