Fiscalía británica reveló la ‘jugadita’ de la defensa de Zulma Guzmán para evitar que sea extraditada a Colombia

El futuro judicial de Zulma Guzmán Castro, ciudadana colombiana cuya extradición reclama la justicia de su país por un caso de homicidio que involucra a unas menores de edad en Bogotá, quedó condicionado a la respuesta del Estado colombiano sobre las condiciones penitenciarias que enfrentaría si es remitida desde el Reino Unido.

Las autoridades británicas advirtieron sobre los posibles riesgos en las cárceles colombianas, dato que la defensa de Guzmán Castro utilizará para oponerse al traslado, en el marco de los procedimientos establecidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según informó Caracol Radio.

Las objeciones de Londres obligan a Colombia a definir, antes del 9 de marzo de 2026, el penal al que enviará a la acusada y a aceptar la inspección de un experto internacional, requisito indispensable para que el proceso de extradición continúe su curso en los tribunales británicos.

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Según confirmaron, el retraso o la falta de una respuesta satisfactoria podría suspender indefinidamente el procedimiento ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, que actualmente tiene bajo detención a Guzmán Castro. La Autoridad Central del Reino Unido (UKCA) oficializó los nuevos requisitos en una comunicación fechada el 9 de febrero de 2026, exigiendo a Colombia información detallada sobre la prisión propuesta y las garantías para inspección independiente, reafirmando la vigencia de los controles humanitarios europeos en casos de cooperación judicial.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía colombiana, Guzmán Castro es señalada de haber coordinado el envío de alimentos contaminados con talio, un metal de alta toxicidad, el 3 de abril de 2025 a una vivienda en Bogotá.

Los productos fueron consumidos el 4 de abril y provocaron la muerte de dos menores de edad, mientras que otras dos personas sufrieron lesiones graves con secuelas permanentes. Por estos hechos, la mujer enfrenta cargos por homicidio agravado en menores y tentativa de homicidio agravada.

La Fiscalía 100 Delegada ante Jueces Penales Especializados lidera la instrucción, mientras la Dirección de Asuntos Internacionales de ese organismo y el El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) preparan una reunión para acordar la estrategia de defensa institucional y la selección de un centro penitenciario que cumpla con los estándares europeos exigidos por el Reino Unido.

La cronología de la extradición de Zulma Guzmán a Colombia

Luego de la captura de la empresaria el 17 de diciembre de 2025 en medio de rumores por un intento de suicidio, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico confirmó el 6 de enero de 2026 la recepción de la solicitud de extradición, remitida formalmente desde Colombia en diciembre de 2025 mediante vías diplomáticas, y notificó la detención de la implicada, a disposición de la justicia británica.

El proceso, iniciado sobre la base del acuerdo bilateral vigente entre ambos países desde 1888, ahora depende de que Colombia acredite condiciones carcelarias compatibles con la legislación europea sobre derechos humanos para evitar que el proceso quede bloqueado por tiempo indefinido.

Sobre el proceso, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, afirmó que recursos judiciales internos en la administración británica están prolongando la extradición. “La información que tengo hoy es que recursos internos en la administración de justicia británica están demorando el tema de la extradición”, precisó Cuervo durante su primera rueda de prensa, conforme recogió Semana.

Según el alto funcionario, la defensa de Guzmán presentó argumentos relacionados con el estado de salud mental de la acusada para evitar su traslado a Colombia.

“La defensa de esta persona estaría alegando condiciones de salud mental para evitar, en un momento determinado, responder ante la justicia”, señaló.

Por ahora, ambas cancillerías sostienen reuniones para seguir de cerca las actualizaciones del caso. El Gobierno nacional manifestó su compromiso de respetar los procedimientos judiciales internacionales y actuar conforme a los protocolos exigidos por el sistema británico.