El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, advirtió que existe una “situación jurídica consolidada” para los 2.4 millones de trabajadores que reciben actualmente el salario mínimo incrementado en más del 23%, lo que hace inviable revertir el alza decretada por el Gobierno.
Aunque los gremios mantienen reparos de fondo sobre la manera en que se implementó el aumento, el dirigente subrayó que cualquier intento de regreso supondría una “situación jurídica” de alto impacto.
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Al mismo tiempo, el debate sobre el salario adquiere un marcado tono político en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales, lo que podría afectar el panorama económico nacional.
Según Bedoya, el sector privado está en capacidad de sostener el pago de los nuevos salarios únicamente “hasta donde le dé”, advirtiendo que ya se evidencian repercusiones económicas derivadas de la medida.
Insistió en que no hay un respaldo de fondo al Gobierno, sino el reconocimiento de que el cambio ya desplegó efectos jurídicos irreversibles. “La única razón es por la situación jurídica consolidada”, afirmó el vocero de SAC en conversación con La FM.
Bedoya enfatizó que tras tres quincenas aplicando el nuevo salario mínimo, revertir la disposición legal sería inviable: “Devolverse jurídicamente sería un rollo”.
Según su perspectiva, los empresarios estructuran sus planes anuales conforme al decreto expedido por el Ejecutivo, y deben ajustar su capacidad de pago en consecuencia. “Cuando el gobierno saca el decreto planean su año con este incremento”, indicó.
Para el representante gremial, cualquier cuestionamiento formal al procedimiento no puede dar lugar a cambios abruptos en las condiciones salariales, ya que los derechos de los trabajadores ya han quedado firmemente establecidos. Pese a esto, reiteró las críticas por la forma en que el Ejecutivo determinó el incremento.
“Cuando el gobierno saca el decreto planean su año con este incremento”, afirmó el líder gremial.
Bedoya recomendó poner atención a los indicadores recientes, destacando que “el Dane presentó cifras de inflación en enero”, que afectan de modo particular a los sectores de mano de obra intensiva, como hoteles y restaurantes.
Asimismo, recordó que el Banco de la República aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos, lo que suma presión sobre las perspectivas económicas de los empresarios y trabajadores.
El líder de SAC también expuso que “son más de 11.3 millones de colombianos que están en la informalidad laboral”, dentro de una población ocupada cercana a los 24 millones.
La gran mayoría de estos trabajadores percibe ingresos inferiores al salario mínimo legal, una realidad que considera clave para entender las consecuencias a mediano plazo del decreto y la responsabilidad que asume el sector privado en este contexto.
Sobre el clima de movilización social vinculado al debate salarial, Bedoya cuestionó los llamados a las marchas y advirtió sobre la necesidad de respetar la división de poderes.
“¿Cómo así que entonces van a tratar de irrespetar a la independencia de la rama judicial o presionarla convocando a las marchas?”, planteó, al tiempo que reconoció el derecho de los convocantes, pero insistió en la importancia de mantener la institucionalidad.
Aprovechó para recordar que son los empresarios, desde los pequeños hasta los grandes, quienes asumen el pago de salarios, impuestos y generación de empleo. “No se les olvide a los funcionarios del gobierno que son los empresarios pequeños, medianos y grandes los que pagan los salarios, los que pagan los impuestos, los que generan el empleo”, subrayó el líder gremial.
Para el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, la discusión sobre el salario mínimo rebasa el plano técnico y adquiere una dimensión política preponderante en el contexto electoral. Sostuvo que el aumento tiene “más tinte político” y coincide con la antesala de las campañas al Congreso y la Presidencia.
En su análisis, el país está “jugando un poco con la suerte de nuestra economía” debido a los efectos inciertos que puede desencadenar la iniciativa gubernamental.
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